La Defensoría reportó 83 casos de desplazamiento forzado en el primer semestre
La entidad señaló que entre enero y junio de 2026, los desplazamientos forzados afectaron a 15.960 personas, mientras que los eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 personas en diferentes regiones del país
24 de julio de 2026Contenido
La Defensoría del Pueblo presentó el balance de movilidad humana correspondiente al primer semestre de 2026, advirtiendo sobre la persistencia de una grave crisis humanitaria en Colombia. De acuerdo con la entidad, la combinación del conflicto armado interno y las emergencias asociadas al cambio climático mantiene bajo asedio a decenas de municipios, siendo las comunidades indígenas y afrodescendientes las más afectadas.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la Defensoría documentó 83 eventos de desplazamiento forzado masivo, los cuales dejaron a 15.960 personas expulsadas de sus hogares. Solo durante el mes de junio se reportaron 12 episodios de este tipo, con un impacto directo sobre 2.742 personas. Los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron la mayor cantidad de víctimas de este fenómeno.
Por otro lado, la crisis por confinamiento alcanzó cifras alarmantes: 44 eventos impidieron la libre circulación de 64.787 personas en los primeros seis meses del año. Durante junio se registraron seis eventos con 3.190 personas afectadas. Las zonas más vulnerables ante el encierro forzado por la presencia de actores armados fueron Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca, donde la población ha enfrentado severas barreras para acceder a alimento, atención médica y servicios básicos.
El reporte de la Defensoría hace especial énfasis en el impacto diferenciado que sufren las comunidades étnicas. “La disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial y las rutas de economías ilícitas continúa vulnerando la pervivencia cultural y la autonomía de estos pueblos en sus territorios ancestrales”, explicó la Defensoría.
A las amenazas directas, homicidios, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y la siembra de minas antipersonal, se ha sumado el factor ambiental como detonante de movilidad humana. Durante el semestre, la entidad hizo seguimiento a múltiples emergencias climáticas como la erosión costera en el Pacífico nariñense y crecientes súbitas en Norte de Santander que obligaron al traslado de cientos de familias y mantienen en riesgo de desplazamiento a miles de habitantes en regiones como Antioquia.
En materia de frontera y migración, el informe detalla el ingreso irregular de 51.938 personas al territorio colombiano entre enero y junio, de las cuales 98,8% corresponde a ciudadanos venezolanos. Asimismo, se confirmó la consolidación del fenómeno del flujo inverso: 4.315 migrantes reingresaron a Colombia procedentes de Panamá a través del corredor de Capurganá, en la región del Urabá. De este grupo, 95% eran personas de nacionalidad venezolana.
La entidad reiteró el llamado a fortalecer las acciones de protección para las comunidades afectadas por el conflicto y garantizar la atención humanitaria en los territorios más impactados.