Abren auditoría fiscal en Colombia Móvil por $75.000 millones
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Luego de una auditoría realizada a la compañía Colombia Móvil, la Contraloría de Bogotá evidenció un presunto hallazgo fiscal por $75.131 millones por el negocio de enajenación de infraestructura pasiva de 1.511 torres para telefonía móvil.
El negocio se realizó entre las compañías Colombia Móvil y American Tower Company (ATC Sitios), por un valor de $225.569 millones, y a la cual la Contraloría distrital, tras una auditoría especial realizada en el segundo semestre del año, encontró la millonaria retención.
Según el ente de control, Colombia Móvil, compañía en la que participan la ETB con un 24.99%, Une EPM de Medellín con otro 24.99%, y la Empresa Millicom Internacional con el 50% más una acción, firmó en 2011 un acuerdo de venta de activos fijos de infraestructura pasiva de 2.125 sitios, los cuales incluyen obras civiles, torres, generadores eléctricos, entre otros.
Para Diego Ardila Medina, Contralor Distrital, aparentemente la empresa tuvo una utilidad de $2.419 millones, pues la cifra que aparece en libros contables a diciembre de 2012 es de $223.150 millones.
Sin embargo, la Contraloría observó que para esta transacción no se tuvo en cuenta el último avalúo técnico vigente (diciembre de 2010) ordenado por la misma compañía, ni los precios del mercado que le hubieran permitido obtener mayores ingresos en este negocio.
Luego de que el equipo auditor analizara el informe, se establecieron las diferencias de cada uno de los sitios entre el valor registrado en libros contables y el valor obtenido en el último avalúo técnico a diciembre de 2010 realizado por ONASI Ltda, determinando una diferencia de $347.188 millones del total de la venta.
El funcionario indicó que esta situación, en donde tampoco se valoró el IPC para los años 2011 y 2012, desencadenó una disminución de los recursos de la transacción adelantada, generando un presunto daño fiscal por $75.131 millones. Igualmente, se incumple la Cláusula de concesión del contrato con el hoy Ministerio de las Comunicaciones y las Tecnologías, como primer oferente para la venta con precio comercial, la cual finalizaba el 3 de febrero de 2013.
Para el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, este hallazgo podría afectar en gran medida los recursos de la capital en materia de comunicaciones, motivo por el cual dentro de las acciones adelantadas por este ente de control se abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $75.000 millones.