Admiten demanda contra la SAE por su inacción en la recuperación de bienes ilegales
La demanda se da por la recuperación de bienes ocupados ilegalmente y "negligencia en la gestión de contratos de arrendamiento"
05 de noviembre de 2024Contenido
La Fundación para el Estado de Derecho, Fede Colombia, presentó una acción popular contra la Sociedad de Activos Especiales, SAE, acusándola de incumplir su deber de gestionar los bienes públicos de manera eficiente y transparente.
Esta acción surge ante la inacción de la SAE en la recuperación de bienes ocupados ilegalmente que están bajo su administración, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su valor y a pérdidas económicas para el patrimonio público.
Según informes de la propia SAE, más de 16,684 bienes se encuentran en esta situación, sin generar rentabilidad ni beneficios para la sociedad. La falta de acciones para recuperar estos activos, ya sea por vía administrativa o judicial, refleja una negligencia que permite a particulares beneficiarse indebidamente de recursos que deberían estar al servicio de la comunidad.
A pesar de contar con un presupuesto de más de $12,000 millones para 2024 destinado a la recuperación de bienes y de personal exclusivo para esta tarea, "la SAE ha mostrado estadísticas de baja efectividad". Un ejemplo destacado es la Hacienda Santa Helena, ubicada en Caucasia, que ha sido invadida desde abril de 2024 y aún no ha sido recuperada.
Además, la SAE ha enfrentado críticas por su mala gestión de los contratos de arrendamiento, lo que ha resultado en una disminución del recaudo bajo administración directa y un aumento en la cartera de difícil cobro.
La Contraloría General y auditorías internas han señalado esta situación, evidenciando problemas adicionales, como el reconocimiento incorrecto de sociedades en los estados financieros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco.
Fede Colombia ha aportado pruebas que demuestran la falta de seguimiento, evaluación y control en la gestión de estos bienes, destacando la necesidad de una intervención urgente para salvaguardar los intereses de la sociedad y asegurar la correcta administración de los recursos públicos.