Agencia negó el supuesto visto bueno al preacuerdo entre la Fiscalía y Emilio Tapia
La entidad enfatizó que en primera medida no tiene conocimiento de que a la fecha se haya celebrado el documento en cuestión
05 de diciembre de 2022Contenido
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se refirió a la supuesta "bendición" que la entidad le daría al preacuerdo entre el señor Emilio Tapia y la Fiscalía General de la Nación que va en contra los intereses públicos y en favor de la persona en cuestión.
Ante los rumores, la agencia enfatizó que en primera medida no tiene conocimiento de que a la fecha se haya celebrado un preacuerdo con el señor Tapia.
Asimismo recordó que en conformidad con el Decreto Ley 4085 de 2011, "el principal objetivo de la Agencia es la defensa de los intereses litigiosos de la nación, dentro de los cuales se encuentra la protección efectiva del patrimonio público, lo que ha dado lugar a ser reconocida como apoderada del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en su condición de víctima en los procesos penales iniciados por los hechos conocidos como “Centros Poblados”, desde el 27 de septiembre del año en curso".
Indicó que teniendo en cuenta este quehacer, ha intervenido ante la Fiscalía y los Jueces con el propósito de buscar la mejor protección de Mintic, en ejercicio de los postulados contenidos en los artículos 132 a 137 y 518 a 527 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
"La Agencia ha procurado, a través de su intervención, que en dichos procesos penales se implementen medidas que sean respetuosas no solo de los intereses del Mintic, sino también de los destinatarios finales de los servicios de internet que se buscaba contratar en su momento, esto es, la comunidad beneficiaria", anotó la entidad.
Ademas señaló que de presentarse la celebración de algún tipo de preacuerdo con el señor Emilio Tapia, "la Agencia estará atenta a que exista un equilibrio entre los contenidos de verdad, justicia y reparación que contenga dicha negociación, de cara a efectuar la intervención que sea necesaria para la mejor defensa de los intereses litigiosos de la Nación y el patrimonio público".