Alejandro Ordóñez enfrenta la etapa más dura de su carrera
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De acuerdo con el Alto Tribunal, en el proceso en el que el Senado aprobó su reelección para el periodo 2013-2017, Ordóñez incurrió en irregularidades que están advertidas en la Constitución Política. “Por ser un proceso de instancia única no puede ser aceptado un recurso”, precisó el Consejo de Estado.
El debate sobre la legalidad de su reelección inició hace tres años cuando el abogado Rodrigo Uprimny demandó el proceso que lo habilitaba.
Razones de la destitución
En concreto, las tres nulidades que exponía la ponencia de la magistrada del Consejo de Estado Rocío Araujo, que contó con 14 votos a favor son: no existe la figura de la reelección en la Constitución para el cargo de Procurador. También, que no hubo una terna en el proceso, ya que María Mercedes López renunció a la misma, por lo que solo quedaron Ordóñez y Orlando Gallo, y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz). Lo que quiere decir que quienes votaron a favor de su postulación debían declararse impedidos.
Las recusaciones
Cabe recordar que este proceso ha tenido un extenso debate por recusaciones e impedimentos de magistrados (solo se terminó de definir en octubre de 2015) y dos ponencias anteriores que pedían, primero, mantenerlo en el cargo y luego revocarlo.
A esto se sumó un nuevo episodio a mediados de este año cuando la magistrada Araújo consideró que Ordóñez estaba incurriendo en actuaciones dilatorias y ordenó abrirle una investigación. Este hecho fue reversado por la Sala Plena.
La ponencia por esta Magistrada fue discutida sin la presencia de los consejeros de estado María García González, Danilo Rojas, Jaime Santofimio y Roberto Serrato, quienes estaban impedidos. Al igual que sin Rafael Vergara y Carmen Teresa Ortíz, que culminaron su periodo como magistrados. No obstante, antes de que pasara a Sala Plena tuvo dos proyectos de fallo, que presentó el magistrado Alberto Yepes.
La primera ponencia estimaba que como la Constitución no señalaba expresamente que el procurador no podía ser reelegido, se entendía que el Senado sí podía hacerlo. Dicha posición ya la había postulado Yepes en un fallo de octubre de 2012, en la que se trataba la reelección del rector de la Universidad de Cundinamarca para el periodo 2011-2015, Adolfo Miguel Polo Lozano.
La segunda ponencia cambió esa percepción y estimó que la reelección de Ordóñez es ilegal porque no está expresamente permitida en la ley.
Lo más reciente del caso fue que la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó esta semana tres recursos interpuestos por el funcionario, quien anunció el cambio de su abogado.
Las peleas que tuvo Ordóñez
Durante su administración, el Procurador fue conocido por ser un funcionario sin pelos en la lengua, y por ser el gran opositor de varias políticas del Gobierno:
1. Los acuerdos de paz
“La paz no lo justifica todo”, así se llama el libro en el que Ordóñez consigna las razones en las que sustenta sus críticas al proceso de paz alcanzado en Cuba y cuya firma se tiene dispuesta para el 26 de septiembre próximo. Dijo que se trazaron planes para sacarlo de la Procuraduría General. Fue explícito en expresar que “… ni las Farc ni Santos disimulan el afán por sacarme de la Procuraduría para poder actuar sin control alguno”.
2. Ordóñez vs. el Exvicefiscal
Aunque Ordóñez siempre ha dicho no ser enemigo de la paz, sí ha sido un crítico del tema, lo que le trajo ‘encontrones’ con el exfiscal General, Eduardo Montealegre. Los principales argumentos: Montealegre sostuvo que el marco para la Paz da las garantías necesarias en un proceso de Justicia Transicional, y el segundo que todo está dentro de un marco de impunidad.
3. Derechos LGBTI y reproductivos
Este ha sido uno de los temas de mayores reacciones negativas, debido a las posturas de Ordóñez. Siempre ha sido criticado por varios sectores que creen que incluye sus creencias religiosas a sus políticas públicas, lo tildaron de ‘inquisidor’, ‘monseñor’.
4. Lío por destitución de Petro
La Procuraduría de Ordóñez sancionó con destitución en el cargo e inhabilidad por 15 años al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Los motivos fueron irregularidades en el cambio del esquema de basuras en la capital del país. El fallo conmocionó. Petro dijo que fue una persecución política e indicó que tenía que ver con su pasado guerrillero y con toda la situación que desencadenó el programa Bogotá Humana.
¿Qué le queda?
De acuerdo con Emilio Archila, socio de Archila Abogados, como la decisión la tomó la Sala Plena del Consejo de Estado se trata de una orden que no admite recursos y recibe el calificativo de imputable.
Lo mismo considera Jose Fernando Mestre, Penalista y socio de M&P abogados, quien manifestó que la única vía que le queda a Ordóñez es interponer una tutela ante la Corte Suprema de Justicia.
Adicional a eso, a partir del momento en que quede en firme la medida es de obligatorio cumplimiento y no admite alguna acción contraria a este mandato.