Alerta en empalme por millonarios contratos y nombramientos de última hora

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A pocas semanas del cambio de mando, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella ha encendido las alarmas frente a una serie de movimientos administrativos por parte de la administración saliente de Gustavo Petro.

Según la información recogida por el equipo de transición, se estarían dejando comprometidos más de $10 billones en contratación distribuidos en ministerios y otras entidades, sumas que incluso comprometen vigencias futuras, según cifras que recogió la Unidad Investigativa de El Tiempo. A la par de estas millonarias adjudicaciones, los delegados del nuevo gobierno advierten sobre múltiples nombramientos y vinculaciones de última hora en misiones diplomáticas, notarías y dependencias de seguridad.

El sector de Defensa y Transporte concentra el grueso de las preocupaciones. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, advirtió sobre presuntas irregularidades y contratos amarrados en la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Estas afirmaciones coinciden con la intempestiva renuncia de una funcionaria de alto nivel de dicha entidad, quien aseguró estar siendo obligada a firmar estudios previos para una contratación irregular.

Entre los procesos puntuales que generan ruido en la Aerocivil se encuentra la intención de adquirir un sistema de radares primarios en Arauca por $75.000 millones, además de un polémico sistema de gestión documental por el que en enero se pagaron $400 millones y que ahora exigiría desembolsos superiores a los $12.000 millones.

Por el lado de las Fuerzas Militares, la lupa de la administración entrante está puesta sobre millonarias adquisiciones estratégicas. Sobresale el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, valuado en 6,3 billones de pesos, que ya cuenta con el interés de firmas de India y Lituania.

Asimismo, en la Industria Militar (Indumil) avanza un convenio interadministrativo firmado con el Invias en diciembre pasado, el cual contempla una vigencia de cinco años y una inversión inicial de $60.000 millones para el ensamble de vehículos blindados tácticos.

En esa misma entidad también se cuestionan los contratos para la adquisición de máquinas orientadas a fabricar los cañones de los fusiles Jaguar, puesto que los procesos carecerían de un estudio de mercado que los respalde. A esto se suman revisiones de contratos en el Ejército y la Fuerza Aeroespacial por cerca de $5 billones para aeronaves y carros blindados , y en la Armada por 3 billones para embarcaciones y vigilancia costera.

Al ser consultado, el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió las actuaciones asegurando que todos los procesos son transparentes, si bien aclaró que la mayoría goza de reserva por tratarse de temas de seguridad nacional. El panorama en entidades clave para la dinámica económica del país también está bajo un severo escrutinio, un frente de trabajo liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

En el caso de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO) presentó el primero de julio una solicitud para suspender de inmediato el método de elección de contratistas de mantenimiento en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, un proceso avaluado en $150.000 millones.

El sindicato argumenta que es claro el interés de asignar estas tareas de manera precipitada, a pesar de que el contrato vigente va hasta agosto de 2027. En Colpensiones, las tensiones obligaron a la entidad a aplazar temporalmente un contrato tecnológico de 223.000 millones de pesos para la migración de datos de los afiliados , mientras se rastrean presuntas movidas de actuales funcionarios para afiliarse a nuevos sindicatos y evitar despidos.

De igual forma, en la Fiduprevisora, la Procuraduría frenó en seco un contrato por 33.000 millones de pesos para el alquiler de computadores , y el vicepresidente Restrepo anunció el rastreo de otros desembolsos por más de $1,6 billones vinculados a la alimentación escolar y asuntos agropecuarios. Las alertas finalmente se extienden a la burocracia estatal y la seguridad de los funcionarios.

En la Unidad Nacional de Protección (UNP), se flexibilizaron las condiciones de ingreso para oficiales de protección , y existe preocupación por un intento de vincular a 6.000 personas sin que el nuevo gobierno evalúe sus perfiles, delegando a la administración entrante la seguridad de los dirigentes del periodo saliente. Paralelamente, el ámbito diplomático y notarial registra una notable actividad.

La Cancillería ha procedido con el traslado y designación de fichas cercanas a la jefe de la cartera, Rosa Villavicencio, ubicando como cónsul en Nueva Loja a Elvira Sanabria y asignando a otros asesores en misiones de países como Venezuela.

En cuanto al Supernotariado, bajo el argumento de garantizar la prestación del servicio ante vacancias y la falta de una lista de elegibles, el superintendente Ricardo Agudelo avaló nombramientos en interinidad como el de Adriana María Mejía Aguado en la notaría 35 de Bogotá, Yeny Paola Garzón Reyes en la notaría 37 y Demieman Patiño en la notaría cuarta de Cúcuta.

A pesar de los múltiples reparos, voceros del gobierno saliente como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostienen que toda la información que se entregará está estrictamente sustentada.