Álvaro Leyva apeló decisión de Procuraduría por caso de pasaportes que lo inhabilitó
La apelación fue interpuesta por Yefferson Dueñas, abogado de Leyva, quien planteó objeciones sobre diversos aspectos del proceso
21 de noviembre de 2024Contenido
El excanciller Álvaro Leyva apeló la decisión de la Procuraduría que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, en el marco del lío de los pasaportes.
En primer lugar, la defensa de Leyva impugnó la composición de la Sala Disciplinaria que emitió la decisión, señalando que esta no fue tomada por la totalidad de los miembros de la sala, sino solo por dos de los tres procuradores delegados.
El escrito de apelación argumenta que el proceso no fue adelantado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, como lo estipula la ley, sino por un solo procurador, y que la sentencia fue adoptada únicamente por dos procuradores, cuando la legislación establece la necesidad de la participación de tres para la toma de decisiones.
Este hecho fue considerado por los abogados como una violación de las normativas legales y constitucionales que exigen una decisión colegiada en los procesos disciplinarios, lo que, según la defensa, viciaría todo el procedimiento.
Otro de los puntos clave en la apelación fue la falta de imparcialidad del procurador delegado ponente, Jesús Espinosa Jiménez. La defensa argumentó que Espinosa no podía ser considerado imparcial debido a su supuesto antagonismo con el Gobierno Nacional, lo que afectaría su independencia en el caso.
En el escrito se sostiene que el procurador delegado ponente tenía una relación conflictiva con el actual Gobierno y vínculos presuntamente sospechosos con la empresa Thomas Greg & Sons, que estaba involucrada en el proceso.
Asimismo, la defensa de Leyva cuestionó la redacción del pliego de cargos, describiéndola como vaga e imprecisa, lo que habría obstaculizado la capacidad de Leyva para presentar una defensa adecuada.
Según los abogados, los cargos fueron planteados de manera ambigua y solo fueron corregidos cuando ya se había emitido el fallo sancionatorio. Esta falta de claridad y las correcciones de última hora habrían limitado el derecho de Leyva a un proceso justo, según la apelación presentada.