Amnistía Internacional presenta balance sobre derechos humanos en Colombia y Venezuela
El documento subraya el incremento de asesinatos de activistas en territorio colombiano y fallas en sistemas de protección y refugio
21 de abril de 2026Contenido
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2025, en el cual identifica a Colombia y Venezuela como territorios de especial preocupación debido a los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
En Colombia, la organización reporta una persistencia de la violencia derivada del conflicto armado, afectando principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en regiones como el Catatumbo. El informe señala que el país registró 165 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2025 y advierte sobre la ausencia de una política pública integral de garantías para esta labor.
Respecto a la situación de seguridad en la capital colombiana, se destaca el ataque contra el funcionario de Amnistía Internacional, Yendri Velásquez, y el activista Luis Peche en octubre de 2025. Velásquez se encontraba en Bogotá tras haber salido de Venezuela, donde denunció una detención arbitraria previa. La organización ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación avances en la investigación de este atentado y ha indicado que las dificultades administrativas en el reconocimiento del estatus de refugio incrementan la vulnerabilidad de quienes buscan protección en Colombia.
En el caso de Venezuela, el documento describe un patrón de represión estatal dirigido contra voces críticas y personas percibidas como oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Se documentaron casos de desaparición forzada, detención arbitraria y procesos judiciales sin las debidas garantías procesales durante el periodo evaluado. Asimismo, se menciona que organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU han reportado violaciones a los derechos humanos vinculadas a la represión posterior a los comicios de julio de 2024.
La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado que cerca de ocho millones de personas abandonen el país en la última década, mientras que dos millones de personas dentro del territorio dependen de asistencia internacional. En este contexto, tanto Venezuela como Colombia han experimentado una reducción de la presencia de organismos internacionales. Durante 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Oacnudh cerraron sus oficinas en Venezuela, mientras que en Colombia la Oacnudh redujo su operatividad debido a la disminución de fondos de cooperación internacional.
El informe advierte sobre la adopción de marcos jurídicos en la región que restringen el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. En el caso colombiano, persisten dudas sobre las garantías de verdad, justicia y reparación dentro de la política de "Paz Total" ante el incremento de combates entre grupos armados no estatales y fuerzas de seguridad.
A nivel global, Amnistía Internacional vincula estas situaciones locales con un retroceso general en el respeto al derecho internacional y al sistema multilateral basado en reglas.