Anticipo salarial complica a la directora del Icbf y a varios funcionarios de la entidad
Sectores afirman que el anticipo desconoce los principios administrativos sobre la remuneración de servidores públicos
25 de enero de 2019Contenido
La directora del Icbf, Juliana Pungiluppi, pidió un anticipo salarial de $9 millones, pese a que los decretos reglamentarios del sector público prohíben tajantemente que se generen cualquier tipo de anticipación salarial. En entrevistas con medios de comunicación, Pungiluppi alegó que lo hizo para cubrir necesidades personales y que tenía el sustento jurídico para pedir el anticipo.
El director de la Regional Magdalena, Gonzalo Eduardo Carreño también solicitó un anticipo de $10 millones.
Mediante un comunicado de prensa, la directora del Icbf aseguró que la solicitud del anticipo se hizo “se hizo en el marco del principio de legalidad y de buena fe, para el cumplimiento de las funciones del cargo”. También abrió la posibilidad para que los entes de control disciplinario y administrativo revisen la transacción y constaten algún tipo de irregularidad.
Sin embargo, la autorización salarial podría escalar a distintas dependencias de la entidad, toda vez que fue el secretario general de la entidad, Eduardo González Mora, quién autorizó la operación.
Por ahora, Pungiluppi se defendió ante la opinión pública y aseguró que este tipo de anticipos tiene una justificación legal que presentará a su debido tiempo.