Procuraduría respaldó solicitud de medida de aseguramiento contra Bonilla y Velasco

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Después de que el pasado 1 de diciembre, fue suspendida la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en la mañana de este lunes 15 de diciembre, se reanudó la diligencia en el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.

El primero en intervenir fue el delegado de la Procuraduría General de la Nación para el caso, Mario Enrique Gómez Jiménez, quien primero hizo un recuento de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación en la anterior audiencia y enfatizó en sus señalamientos sobre "la existencia de una empresa criminal" liderada por Bonilla y Velasco. También aseguró que "la medida debe responder a criterios de necesidad, urgencia e idoneidad".

Seguido de esto, Gómez respaldó la solicitud del ente acusador de imponer medida de aseguramiento preventiva domiciliaria contra los exministros, pues la consideró "necesaria y pertinente" en aras de que el proceso legal y penal en su contra avance como se debe.

Incluso, el delegado del Ministerio Público dio créditos a la Fiscalía por haber recabado y presentado todos los argumentos que darían cuenta de la presunta participación de Bonilla y Velasco en un entramado con el que se pretendía obtener votos favorables por parte de varios congresistas a proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"La Fiscalía señaló la existencia de una empresa criminal entre mayo del 2023 y febrero del 2024 al interior del Gobierno, cuyo propósito, según el ente acusador, era direccionar en favor de los parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y del Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos en envías y cinco proyectos en la unidad de gestión del riesgo, que en total sumarían una cifra superior a $600.000 millones", dijo.

Pese a respaldar la solicitud de medida de aseguramiento, Gómez indicó que no existe riesgo de fuga por parte de los exfuncionarios, pues se ha evidenciado su participación en todas las audiencias y diligencias a las que han sido citados sin inconveniente alguno.

A su turno, el abogado del exministro Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, señaló que no existen evidencias suficientes que vinculen al exfuncionario con una "organización delincuencial" y afirmó que la información que el ente acusador entregó al juzgado, entre la que estarían los documentos que darían cuenta de la forma en que se repartían los contratos, tampoco demuestran la participación de Bonilla en el entramado de corrupción. "Una tabla de Excel no es suficiente”, agregó.

En sus alegatos, Pava afirmó que no existe coherencia temporal ni administrativa que comprueba la relación entre Bonilla y la red de corrupción de la Ungrd e Invías. En cuanto a la solicitud de medida de aseguramiento, el abogado enfatizó en que no es necesaria pues el exministro ha mostrado arraigo en Colombia y disposición para asistir a las diligencias.

Luego intervino la abogada defensora del exministro Velasco, Rosa Elena Suárez, quien indicó que la imputación de cargos por parte de la Fiscalía "carece los elementos mínimos de tipo penal, ofrecimiento concreto, destinatario determinado, acto funcional y finalidad corrupta", pues explicó que el ente acusador ha intentado 'enquistar' un proceso en contra de Velasco solo con las declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López.

Suárez también advirtió que "hay una falta absoluta en la estructuración del relato" de López, pues es considerado como un testigo estrella en el caso. No obstante, la teoría expuesta por la Fiscalía está falta de respaldo y no resistiría un mínimo examen a profundidad.

Es importante recordar que el pasado 1 de diciembre, los exministros fueron imputados por la fiscal Patiño con los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, pues, según explicó, habrían tenido una serie de reuniones con otros funcionarios del Gobierno y de la Ungrd para direccionar contratos de forma irregular a varios congresistas. En razón de estos hechos, pidió a la jurisdicción "imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia".

Patiño también aseguró que Bonilla y Velasco habrían planteado las líneas bases del modus operandi por medio del cual se les cedieron contratos a los parlamentarios a cambio de que apoyaran diferentes proyectos del Gobierno de Petro.

La fiscal indicó que estos hechos se habrían presentado entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, meses en los que los exministros se concertaron para cometer delitos contra la administración pública para garantizar mayorías en el Gobierno y obtener la aprobación de las reformas. "En desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso desarrollar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en Invías o en la Ungrd, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones del Congreso a las que pertenecían", detalló.

En total, Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 proyectos de Invías por un monto total de $571.701 millones, y cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones. No obstante, la Fiscalía constató que, de todos estos, solo siete llegaron a concretarse.

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