Así avanzan las investigaciones a un año del atentado a Miguel Uribe Turbay
El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá
06 de junio de 2026Contenido
Un año después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la investigación judicial continúa avanzando y abre nuevas líneas para identificar a los responsables intelectuales y financieros del crimen que sacudió al país en junio del año pasado.
Según reveló La FM, la Fiscalía prepara nuevas actuaciones procesales contra presuntos integrantes de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia y amplió el rastreo de recursos económicos dentro y fuera de Colombia para esclarecer la financiación del ataque.
Cabe resaltar que, el atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá. Tras resultar gravemente herido, Uribe Turbay permaneció durante dos meses bajo atención médica antes de fallecer.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y organismos de cooperación internacional, hasta el momento han sido vinculadas 17 personas al proceso.
Nueve de ellas han sido capturadas como presuntos autores materiales. Paralelamente, las autoridades emitieron circulares rojas de Interpol y ofrecieron recompensas que superan los $19.500 millones para lograr la ubicación de siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, señalados de haber participado en la planeación del crimen.
En declaraciones entregadas a La FM, la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, confirmó que el ente investigador solicitará ante un juez la declaratoria de persona ausente para los siete exjefes guerrilleros que permanecen prófugos.
Una vez se surta ese procedimiento, la Fiscalía podrá avanzar en la imputación formal de delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
Entre las personas requeridas por la justicia se encuentran Kendry Téllez Álvarez, señalado como presunto determinador del ataque, así como Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Según el expediente, estas personas habrían participado en distintos niveles de decisión y coordinación de la operación criminal.
La Fiscalía sostiene que las evidencias recopiladas apuntan a que el homicidio tuvo una motivación político-instrumental relacionada con la actividad pública y electoral de Miguel Uribe Turbay.
En los documentos del proceso se concluye que el objetivo habría trascendido la eliminación física del dirigente político para buscar efectos sobre el escenario democrático y electoral colombiano, razón por la cual el ente acusador considera que los hechos cumplen las características de un magnicidio.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que las investigaciones permitieron establecer la existencia de una estructura criminal compuesta por una red delincuencial urbana contratada para ejecutar el atentado y por integrantes de la Segunda Marquetalia que habrían participado en la planeación.
Dentro de esa hipótesis, Kendry Téllez Álvarez aparece como uno de los principales articuladores de la operación, al ser señalado de coordinar contactos, logística y recursos para la ejecución del crimen.
Otra de las líneas que concentra actualmente los esfuerzos investigativos está relacionada con el flujo de dinero utilizado para financiar el atentado. Según reveló La FM, equipos de peritos contables y agentes de policía judicial realizan verificaciones sobre movimientos financieros registrados en Colombia y en otros países, entre ellos Ecuador y Argentina.
El propósito es identificar posibles financiadores y reconstruir la ruta de los recursos utilizados en la operación. Incluso, dentro del expediente se menciona que la organización criminal habría dispuesto una bolsa cercana a los $1.000 millones para el pago de sicarios y otros $600 millones destinados a sobornos o mecanismos para garantizar el silencio de los involucrados.
Mientras avanza el proceso, también continúan las actuaciones relacionadas con las denuncias sobre presuntas fallas en el esquema de protección asignado al entonces senador. La Fiscalía mantiene abierta la investigación frente al papel de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y de su director, Augusto Rodríguez, quien ha rechazado cualquier responsabilidad por una supuesta omisión.
Según indicó en diligencia judicial realizada este año, la entidad cumplió con todos los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad del dirigente político. Un año después del atentado, las autoridades sostienen que aún quedan responsables por identificar y judicializar, tanto entre quienes planearon la acción como entre quienes habrían aportado los recursos para ejecutarla.