El excanciller Álvaro Leyva no aceptó la imputación de cargos de la Fiscalía General
La Fiscalía General de la Nación radicó la semana pasada la solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá para poder imputar a Leyva
09 de diciembre de 2025Contenido
El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán no aceptó la imputación de cargos por el delito de prevaricato por acción, relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la fabricación y expedición de pasaportes de los colombianos.
La diligencia se realizó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, a donde la Fiscalía General de la Nación radicó la semana pasada la solicitud para imputar al exfuncionario. Leyva asistió de manera virtual desde Madrid, España.
La Fiscalía le atribuye haber proferido tres actos administrativos contrarios a la ley con los cuales habría obstruido la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026 por un valor de $559.000 millones. Según el ente acusador, el excanciller habría extralimitado sus funciones al declarar desierta la licitación, negar un recurso de reposición y acudir a la figura de urgencia manifiesta para permitir la asignación directa del contrato.
Inicialmente, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que obtuvo el puntaje más alto y cumplió los requerimientos. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando que se había presentado un solo oferente.
El representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, pero este fue negado al día siguiente mediante la Resolución 7540 del 14 de septiembre, sin permitirle presentar un documento formal con sus argumentos y obligándolo a sustentarlos de manera verbal. Según la Fiscalía, las consideraciones para negar el recurso carecían de sustento fáctico y jurídico.
Ese mismo día, el entonces canciller emitió otra resolución para declarar la urgencia manifiesta, lo que habilitó la asignación directa del contrato sin licitación ni participación de otros oferentes.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes, afectó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente y, pese a tener la posibilidad de corregir los errores cometidos al declarar desierta la licitación, decidió ratificar su actuación.
Meses atrás, la Procuraduría ya había destituido e inhabilitado a Leyva por 10 años por considerar que desconoció los principios legales de contratación y no garantizó la selección objetiva.