Aviones para Colombia y comisión de 80 millones de euros causan escándalo en Italia

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El nombre de Massimo D'Alema no dice nada para la mayoría de los colombianos, sin embargo, lleva casi una semana ocupando los titulares de los principales medios de Italia, por cuenta de un escándalo que tiene estrechos vínculos con Colombia.

El diario La Veritá publicó una serie de grabaciones en las que D'Alema, quien fuera presidente del Consejo de Ministros de Italia entre 1998 y 2000, discute con sus interlocutores, presuntamente colombianos, sobre un negocio de 4.000 millones de euros, que dejaría una comisión de 2%, de 80 millones de euros. ¿El objeto de la operación? Que las empresas italianas Fincantieri y Leonardo vendieran al gobierno de Colombia cuatro corbetas FCX 30, dos submarinos Trachinus y 24 aviones M346.

"¿Estamos trabajando porque somos estúpidos? No, porque estamos convencidos de que recibiremos, todos nosotros, 80 millones de euros, esa es la apuesta. Apenas tengamos el contrato dividiremos todo, pero crear dificultades antes de lograr el contrato entre las sociedades italianas y el gobierno colombiano me parece estúpido", dice D'Alema en uno de los audios publicados.

¿Quiénes son los "todos" a los que se refiere?

Según las versiones de prensa italiana, D'Alema se distribuiría la comisión con una firma en Miami, Robert Allen Law, cuyo enlace con el político era el abogado Umberto Bonavita, especializado en transacciones de yates de lujo. Según explica Infodefensa, la ley italiana prohíbe el pago de comisiones por actividades de intermediación a sus ciudadanos, por lo que "la solución habría sido asignar la representación a un bufete de abogados de Miami especializado en compraventa de super yates".

Además, habrían participado como intermediarios Franceso Amato y Emanuele Caruso, descritos por D'Alema como asesores de la Cancillería de Colombia. El mismo Caruso, en una carta al periódico La Stampa, afirmó que opera, "desde algún tiempo, bajo encargo de las autoridades colombianas en el ámbito de la cooperación internacional".

¿Qué responde D'Alema?

La conversación, del pasado 10 de febrero, habría sido filtrada por uno de los interlocutores de D'Alema que, tras el escándalo, reiteró al diario Repubblica que no hizo nada indebido. "En estos meses me he ocupado de Colombia, pero sobre otros temas: energía, puertos, y siempre por cuenta de algunas de las sociedades privadas a las que asesoro. En el ámbito de ese trabajo me contactaron personalidades políticas colombianas, con encargos institucionales, que me dijeron: 'El Congreso colombiano aprobó una asignación para la modernización de las Fuerzas Armadas, y nos gustaría enfocarnos en los productos italianos'. Y bueno, era un negocio muy grande para nuestro país".

Además, reiteró que "los contactos que se establecieron tuvieron un carácter oficial, la carta de invitación a las sociedades italianas a Colombia lleva el encabezado de la Cancillería, no de un grupo de particulares". Tras la carta, dijo, hubo una visita de la delegación al país para presentar la propuesta técnica a las Fuerzas Armadas, y Fincantieri habría logrado firmar un memorando de entendimiento.

Sigue la entrevista explicando que le "sorprendió" que no había contactos a nivel de gobierno. "Por eso hice dos cosas: hablé con la embajadora de Colombia (Gloria Isabel Ramírez), que no sabía nada, lo que me sorprendió. E informé al viceministro de Defensa, Giorgio Mulé, de la actividad en curso". Ahí, sin embargo, las versiones dejan de cuadrar, pues el viceministro italiano dijo que se enteró del asunto por boca de la embajadora Ramírez, y desde Leonardo han dicho que no encargaron a D'Alema para ninguna mediación.

Versiones encontradas

Sin embargo, en uno de los audios filtrados por La Veritá, el político explica que el viceministro Mulé habría hablado con su homólogo colombiano. "Debemos evitar que haya dos canales paralelos. Todo este negocio debe pasar a través de nosotros, entonces tenemos que dar la impresión de que nosotros tenemos contactos no solo con los militares y funcionarios, sino también con el gobierno", dice.

Además, agrega que "la embajadora en Italia también se está ocupando de este problema, e insiste en que se requiere un acuerdo entre los dos gobiernos, sin mediadores, pero le expliqué que si bien por una parte es el gobierno colombiano el que compra, la otra parte, la que vende, no es el gobierno, sino dos sociedades listadas, por lo que no puede haber un contrato entre los dos gobiernos".

Hasta el momento, ni la embajadora ni los ministerios colombianos se han pronunciado y, en todo caso, parecería que la intención de compra, si alguna vez existió, se torna cada vez más lejana.