Cada año, en promedio, tres congresistas llegan a recibir la llamada muerte política

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El proceso de pérdida investidura es aquel que le permite al Consejo de Estado sancionar a los políticos que incumplan con el régimen de inhabilidades definido en la constitución. En los últimos 10 años, el máximo órgano de lo contencioso administrativo ha decretado 28 pérdidas de investidura. Los partidos que han recibido las sanciones más drásticas del sistema político son el Partido de la U, con ocho sanciones, el Partido Liberal, con cinco, el Partido Conservador con cuatro y Cambio Radical con tres. Este fenómeno se da por tener el mayor número de congresistas.

Las consecuencias de que se decrete una pérdida de investidura son dos: la primera recae sobre el político, quien no podrá volver a participar en un nuevo cargo de elección popular. La segunda sanción recae sobre la colectividad política, la cual perderá una voz en el Congreso, debido a que se decretará la denomina silla vacía.

Un punto a destacar es la, casi infalibilidad del Consejo de Estado. En estos diez años, únicamente dos sentencias fueron revocadas, las cuales fueron las de los congresistas Noel Ricardo Valencia (Partido Conservador) y la del Héctor Javier Vergara (Partido de la U).

Los costos de la Muerte Política

Este es un proceso delicado, debido a que contradice el principio constitucional de que no debe existir una pena que sea perpetua o imprescriptible.

Sin embargo, esta sanción administrativa tiene la particularidad de ir mucho más allá que cualquier otra sanción. Los juristas que defienden la figura aseguran que los costos de una pérdida de investidura son incalculables, porque la democracia se construye entre la legitimidad de los ciudadanos con las personas que los representan.

Un proceso electoral de la envergadura de unas elecciones nacionales, según los cálculos de la Registraduría Nacional, cuesta $1,4 billones. Adicionalmente, cada congresista recibe el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, con los que se traza una confianza legítima en las instituciones.

El exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, explicó que la muerte política es “una de las figuras más importantes de nuestra constitución, con ella, se ha logrado una depuración en el control democrático del país”, explicó que “la sanción es tan drástica porque es una protección a la democracia”.

Sin embargo, el debate por esta medida jurídica se mueve con fuerza en los sectores académicos. Kenneth Burbano, director del observatorio constitucional de la Universidad Libre, opinó que “es una consecuencia muy drástica y de acuerdo con la lógica en materia de derechos fundamentales que tiene la Constitución de 1991, considero que no puede existir pena alguna, criminal, disciplinaria, administrativa, fiscal o de otra índole que no prescriba”. Sin embargo, recalcó que la reiteración de este tipo de sanciones es un síntoma muy grave para el proceso electoral colombiano, destruyendo la confianza en el legislativo.

Un tercio de un período

Con las pérdidas de investidura decretadas en diez años, se podría construir la tercera parte de un Senado electo.

De allí surge la gravedad y reiteración de estas conductas. Algunos sectores han solicitado un control más estricto de las autoridades electorales.

Sin embargo, la ausencia de control en las elecciones regionales y las arbitrariedades son síntomas de la corrupción que se ha llevado la confianza en la democracia participativa.