Legislación

Cada año suspenden a cerca de 840 abogados por faltas a la profesión

En promedio, cuatro juristas al mes son expulsados del ejercicio de la abogacía

07 de mayo de 2019

José David Castilla

Canal de noticias de Asuntos Legales

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De acuerdo con las estadísticas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, los abogados colombianos recibieron más de 1.000 sanciones en 2018. De estas, 839 abogados fueron suspendidos, 188 censurados y 41 expulsados de la profesión, es decir, que en promedio cuatro abogados perdieron su tarjeta profesional. Además, esta tendencia se ha dado durante años.

Y es que el estatuto disciplinario del abogado (Ley 1123 de 2007) le impuso a estos profesionales más de 21 deberes legales que deben cumplir a la hora de ejercer la abogacía ante los estrados judiciales. Sin embargo, no todos los profesionales realizan sus actuaciones de forma ética y diligente, con lo que se podrían ver expuestos a múltiples castigos por parte de las autoridades competentes.

Las sanciones que reciben los abogados por atentar contra el código disciplinario son multas de entre uno y 100 salarios mínimos; la suspensión temporal de la tarjeta profesional y la expulsión total de la abogacía. Además, estas fallas se atenúan de acuerdo con las implicaciones de las faltas que se hayan cometido.

Ricardo Calvete, abogado penalista y experto en procesos punitivos, aclaró que el castigo sancionatorio en Colombia es uno de los más fuertes del continente. “Acá pasa, a diferencia de otros países, que la sanción puede llegar a tener tintes penales, en la medida que una falta a la profesión puede enmarcarse en una conducta típica del código penal”, dijo Calvete.

Entre las conductas por las que más sancionan a los abogados es por no prestar la debida diligencia en los procesos donde son contratados, quedarse con los dineros de sus clientes o cobrar sumas desproporcionadas por sus servicios legales.

LOS CONTRASTES

  • Paula Vejarano Área de Litigios Dentons Cardenas & Cardenas

    “Lo que nos hace falta es recuperar la mística en la profesión y ser conscientes de que estamos realizando un servicio social, más allá del dinero. Los abogados lo olvidaron y por estas cosas deshonrosas los castigan”.

  • Ricardo Calvete Socio penalista de Calvete Abogados

    “El régimen disciplinario en el país es sumamente fuerte, comparado con otras jurisdicciones, porque un abogado sancionado puede llegar a responder ante la Judicatura y por un proceso penal”.

Por su parte, Paula Vejarano, asociada de Dentons Cardenas & Cardenas y columnista, explicó que este auge de sanciones se da por un problema de ética laboral. “Nos falta recuperar la mística en la profesión. Muchas veces, por pereza o codicia, se cometen actos deshonrosos que deben ser castigados”, opinó la jurista.

Una persona que se sienta insatisfecha por los servicios de un abogado puede instaurar una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. Es importante aclarar que debe anexar las pruebas y argumentar los motivos de su queja, de lo contrario podría ser multado. La acción disciplinaria contra los juristas prescribe a los cinco años.

Alejandro Mejía, abogado especialista en procesos disciplinarios para juristas, explicó que "Los procesos disciplinarios contra un abogado se pueden iniciar de oficio, por información proveniente de un servidor público o a través de una queja disciplinaria que pueda interponer cualquier persona". Mejía también aclaró que "cuando se trata de quejas disciplinarias, la ley exige que la demanda goce de un fundamento mínimo".

El proceso será adelantado por la Sala Jurisdicción Disciplinaria de la localidad donde ejerció el abogado. El quejoso interesado puede hacer seguimiento de la acción mediante derechos de petición y reiterando sus quejas durante el procedimiento. Por su parte, las sanciones impuestas a los abogados serán publicadas en el Registro Nacional de Abogados, el cual podrá ser consultado por los interesados.

En cuanto a la duración total del proceso, esta variará dependiendo de la complejidad jurídica que exista. Mejía explicó que "es razonable estimar que un proceso disciplinario tome de 3 a 5 años para su culminación con sentencia ejecutoriada".