Camargo se posesionó como magistrado de la Corte, pero ni Petro ni Ibáñez asistieron

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Carlos Ernesto Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, se posesionó ante la sala plena como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pese a una serie de demandas de nulidad que se han interpuesto en contra de su nombramiento por vicios de clientelismo e incumplimiento de la cuota de género en el alto tribunal, así como el tenso ambiente político generado entre el Gobierno y la oposición.

A la posesión no asistieron ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. En nombre de este último, la vicepresidente del alto tribunal, Paola Andrea Meneses, le dio la bienvenida. "La Corte que hoy le saluda y le abre sus puertas ha venido construyendo su jurisprudencia y su huella institucional, una jurisprudencia y una huella en la que usted, desde ahora, está llamado a construir junto a las magistradas y magistrados que también hacemos parte de este tribunal”, aseguró.

Camargo dijo en su discurso que "hoy me presento antes ustedes con la humildad de quien entiende que no recibe un privilegio, sino una responsabilidad mayor. Ser magistrado de la Corte Constitucional es aceptar que la confianza del pueblo reposa, en parte, en nuestras manos".

"Sé que lo que está en juego no es únicamente la interpretación de un texto jurídico, sino la legitimidad de nuestras instituciones y la posibilidad de que un ciudadano común confíe en ellas. Sé que la Corte es guardiana de esa legitimidad y de la manera en que respete la Constitución, dependerá el respeto de la sociedad y los gobernantes", afirmó.

El lío legal

De las ocho demandas que buscan declarar nula su elección, el Consejo de Estado ha admitido una, pues consideró que existen méritos para investigar el posible incumplimiento de la cuota de paridad de género dentro con su nombramiento en la Corte, así como evaluar si estuvo viciado por conflicto de intereses. “El despacho admitirá la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto de elección de Carlos Ernesto Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, periodo 2025-2033, por la observancia de los requisitos formales”, se lee en el auto del Consejo.

En dicha acción, Jaime de Jesús Barreto aseguró que, con la designación de Camargo, se violó la cuota de género y resultó en una sobrerrepresentación masculina de 66%, frente a 33% de la que tienen las mujeres en la sala plena.

Las otras demandas también señalaron que, mientras ejerció como defensor, nombró a familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los 22 que lo ternaron, lo que equivale a 41% de los integrantes de la corporación.

También lo acusaron de presuntamente haber entregado contratos a familiares de algunos senadores que apoyaron su postulación como magistrado de la Corte y respaldaron su elección, entre ellos Esperanza Andrade, cuya conocida habría recibido uno por alrededor de $200 millones. Por ello señalaron que el Senado no votó de forma regular, sino como producto de "un proceso viciado".

Este último trámite está en proceso de notificación a las partes y, a su vez, se está estudiando el posible impedimento por parte del magistrado Omar Joaquín Barreto, encargado del caso, quien reconoció que mantiene una "estrecha amistad" con Camargo.

Las reacciones a la elección de Camargo

Camargo fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional en la sesión plenaria del pasado 3 de septiembre, en la que obtuvo 62 votos en total, cantidad que superó los 41 votos a favor de María Patricia Balanta, la otra candidata que parecía prometedora a recibir el nombramiento y sobre quien se estableció que era la preferida por el Gobierno de turno.

Su nombramiento resultó en un terremoto que estremeció el entorno político, hecho que se hizo evidente con el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro justo después de comunicada la elección, quien afirmó que el resultado pretendía "devolver la justicia al duquismo, al Cartel de la Toga y al clientelismo corrupto".

Incluso, se dio un enfrentamiento entre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló al Gobierno de haber querido "capturar" al alto tribunal con su candidata Balanta, y Petro, quien respondió vinculando a Lleras con el escándalo de corrupción judicial conocido como el Cartel de la Toga.