Carlos Palacino quedó en libertad pero no podrá salir de Colombia
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la medida a favor del exdirectivo de la extinta EPS
21 de agosto de 2019Contenido
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad con restricción de salida del país para Carlos Gustavo Palacino, el expresidente de Saludcoop investigado por irregularidades en los recobros de la extinta EPS.
Sin embargo, el expresidente de Saludcoop no podrá salir del país sin permiso ni comunicarse con los demás exdirectivos de la liquidada EPS ni las dos cooperativas financieras Comultrasan y Cotrafa.
Igual que en el caso del exmagistrado Francisco Ricaurte, el Tribunal Superior argumentó el vencimiento de los términos en el proceso de Palacino, quien seguirá vinculado al proceso por el que la Fiscalía ha intentado tres veces radicar el escrito de acusación con los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento público.
El exdirectivo de Saludcoop se ha negado a aceptar los delitos por los que también fue imputado su vicepresidente financiero del momento, Mauricio Sabogal Jaramillo. Entre los dos, habrían creado un sistema de recobros irregulares al Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga) para cobrarle entre 2010 y 2011 el pago de tratamientos médicos que supuestamente le había pagado a sus IPS.
La Fiscalía encontró que Saludcoop emitía facturas pagando dichos servicios para algunos de sus afiliados, pero en realidad el dinero nunca lo recibieron las IPS mencionadas en las facturas que se presentaron ante el Fosyga y que hicieron que empleados públicos cometieran errores.
De acuerdo con el ente investigador, ambos eran plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos y habrían generado un detrimento patrimonial, pues funcionarios públicos recibían los documentos creados por ambos directivos para reclamar dinero que no le habían pagado a las entidades en las que eran tratados sus afiliados.
La Contraloría General ya había condenado a Carlos Gustavo Palacino y otros exdirectivos de Saludcoop al pago de $1,4 billones para que retornaran al sistema de salud los recursos que garanticen el buen funcionamiento del sistema y beneficien a los usuarios afectados.