CEJ solicita medidas internacionales de protección para magistrado del Consejo de Estado
La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar la autonomía de los jueces frente a los cuestionamientos del poder político
12 de mayo de 2026Contenido
La Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, ha solicitado formalmente medidas de protección internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cidh, y la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Esta petición busca salvaguardar la integridad de la Rama Judicial por del magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar.
La acción responde a los recientes cuestionamientos públicos emitidos por la Presidencia de la República tras un fallo judicial que afectó las disposiciones gubernamentales sobre fondos de pensiones. La controversia se originó cuando el magistrado Bedoya Escobar firmó una providencia que suspendió de manera provisional el Decreto 415 de 2026.
Dicha normativa pretendía trasladar aproximadamente $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. El tribunal determinó que el Ejecutivo no tenía la competencia para realizar dicho movimiento de recursos, argumentando que tal decisión correspondía exclusivamente al Congreso de la República de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.
Ante la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro instó a iniciar acciones penales por el delito de prevaricato contra el togado responsable del fallo. El mandatario utilizó sus canales oficiales para criticar la interpretación jurídica del Consejo de Estado, calificando la decisión como un acto que favorece intereses particulares.
Según el Ejecutivo, el tribunal descontextualizó las normas que rigen el ahorro individual y los mecanismos de transición entre los regímenes pensionales del país.
La CEJ calificó la postura del Gobierno como una interferencia en la autonomía judicial y una forma de criminalizar el ejercicio de la magistratura. La organización sostiene que las discrepancias con las sentencias deben tramitarse mediante los recursos procesales legales y no a través de la estigmatización pública.
En su comunicado, subrayan que la independencia de los jueces es un pilar fundamental para el equilibrio de poderes y el mantenimiento del Estado de Derecho en Colombia.
Por su parte, el Consejo de Estado y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial también emitieron pronunciamientos en defensa de su función constitucional. Las altas cortes indicaron que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo es una garantía democrática necesaria para evitar el desborde del poder.
Reiteraron que los señalamientos desde la Casa de Nariño pueden poner en riesgo la seguridad física de los funcionarios y deteriorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.