Un otrosí ilícito fue el mecanismo de defensa del Estado colombiano contra Glencore

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La defensa que ejecutó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante el Tribunal de Arbitraje de Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), le permitió al país seguir investigando a Glencore por un caso que todavía no se cierra e impedir que se le obligara a pagar una compensación de US$575 millones, solo tendrá que devolver los US$19,1 millones que la Contraloría le impuso como sanción a Prodeco, la filial en Colombia de la minera.

Según el laudo revelado por el Ciadi, la defensa de Colombia argumentó que el tratado de inversión con Suiza, en el cual Glencore basó su demanda, establece que los contratos de origen irregular o ilícito no pueden estar protegidos por el mismo ante tribunales internacionales. La empresa pretendía proteger el otrosí ocho que había firmado con el entonces Ingeominas y cuya causa era ilícita, según Colombia.

La defensa del país argumentó que el otrosí tiene una causa ilícita porque fue inducido por una información falsa de factores de producción minera que la compañía le entregó a las autoridades del sector, lo que permitió que se modifica el régimen de regalías y se le rebaja a Glencore el monto de pagos que debía realizar por dicho concepto. En ese sentido, Glencore indujo al error al Estado y este terminó modificando el régimen de regalías con base en una información manipulada.

La Contraloría se dio cuenta de dicha situación con las investigaciones que inició en 2011 por el caso y emitió una advertencia y el Ingeominas, hoy Instituto Geología y de Minería (Igac), lo que hizo fue demandar el otrosí ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, medida que la multinacional minera también pretendía frenar mediante el Ciadi.

Colombia también recordó que en la zona del Cesar en la que opera Glencore, a su filial Prodeco se le autorizó la explotación de los títulos mineros de Calenturitas y La Jagua, pero entre ambos territorios había un espacio de tres hectáreas. La empresa pretendía unir los campos, lo que le habría permitido una reducción en el pago de las regalías. Sin embargo, el Ingeominas se negaba y por esta razón se inició la negociación del conocido otrosí ocho.

A la vez, la empresa logró comprar las tres hectáreas de terreno con un valor de US$1,75 millón al señor Jorge Maldonado y sus socios, quien según la investigación de la Contraloría, sería socio del entonces director de Ingeominas, Mario Ballesteros, quien fue destituido e inhabilitado por 13 años en octubre de 2013 por la Procuraduría General, luego de demostrar las irregularidades con las que se firmó un contrato entre Ingeominas y Alma Máter.

Ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, Colombia destacó que el valor de esas tres hectáreas aumentó ostensiblemente entre diciembre de 2008 y abril de 2009, cuando Prodeco lo compró. Por ahora, el caso sigue vigente y continúa su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.