Legislación

Colombia avanza lentamente en la lucha contra el soborno y la corrupción transnacional

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia

‘Exportando Corrupción 2020’ organizado por Transparencia por Colombia, liderada por Andrés Hernández, evaluó a 47 países

22 de octubre de 2020

Jonathan Toro

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En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de escándalos de corrupción relacionados con esquemas de soborno a gran escala de funcionarios de alto nivel de empresas trasnacionales, que generan graves afectaciones en las poblaciones de los países donde operan. En los últimos años, los esquemas de soborno sistemático y generalizado de multinacionales como Airbus, Ericsson, Odebrecht, Rolls Royce y muchas otras, han sido puestos en evidencia.

El resultado más reciente del informe Exportando Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, indica que entre los 47 países evaluados solamente Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza, que representan 16,5% de las exportaciones mundiales, aplican activamente legislación contra el soborno extranjero. Nueve países hacen parte de la clasificación de aplicación moderada, mientras que 15 hacen parte de la clasificación de implementación limitada, y 19 de aplicación nula.

En esta evaluación Colombia, que representa 0,2% de las exportaciones globales, pasó del nivel de implementación “nula” al nivel de implementación “limitada”.

Este avance fue posible gracias a desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional. Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa, especialmente respecto a lograr un mayor número de casos que sean sancionados de manera efectiva y ejemplar.

Por último, el informe destaca que también se requiere asignar mayores recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional. El proceso de detección de implicados y recolección de pruebas para la investigación de este tipo de delito, requiere que las unidades investigativas cuenten con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos.