Colombia es el quinto país de la región con más congestión judicial, según el Ceja
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas publicó el informe con los resultados correspondientes para el año pasado
06 de octubre de 2025Contenido
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Ceja, publicó su más reciente Índice de Congestión Judicial, en el que evaluó a 13 de países de la región en este aspecto durante 2024, identificó tendencias judiciales, presentó hallazgos específicos por país y formuló recomendaciones concretas.
En el informe, Colombia ocupó el quinto lugar, con una de las tasas de congestión judicial más altas, con 2,04, quedando por encima de Ecuador (1,50), Costa Rica (1,41) y Panamá (1,39).
Por el contrario, los países que reportaron mayor cantidad de casos represados fueron Brasil, con una tasa de 3,56 (valor que fue proyectado con los datos de 2023); República Dominicana, con 2,87; Chile, con 2,55; y Ecuador, con 2,12. También incluyó a Puerto Rico, El Salvador, Bolivia y Uruguay, con datos de 2021 y 2022, pero de 2023 y 2024, no obtuvo información.
“En el caso de Colombia, se ubicaría en una zona crítica pues si bien su tasa de congestión se aproximaría al umbral aceptable (1.55), su capacidad de resolución sería insuficiente, con una tasa de resolución proyectada en 0.83. Esta combinación indicaría una acumulación persistente de casos y un riesgo significativo de rezago judicial”, explicó el Ceja.
El informe muestra que, la evolución de la Tasa de Congestión Judicial por países entre 2018 y 2024 presenta una tendencia divergente. “Mientras algunos países muestran una relativa estabilidad o incluso mejoras sostenidas en sus niveles de congestión, otros exhiben tasas persistentemente elevadas, manteniéndose en el rango de congestión crítica”, se lee en el documento.
Los países más críticos, según el informe, en términos de congestión judicial son Uruguay, Colombia y República Dominicana, cuyas tasas se han mantenido en niveles superiores al umbral aceptable.
Alerta sobre amenazas
El Ceja también presentó el informe ‘Indicadores de Independencia de Jueces y Fiscales en las Américas 2025’ y, dentro de sus hallazgos relevantes, identificó que los funcionarios que investigan casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, son bastante vulnerables a amenazas que, no solo incurren en presiones políticas y económicas, sino que llegan hasta campañas de desprestigio en redes sociales y medios.
El informe también mostró que “en varios países persisten vacíos normativos y deficiencias estructurales: procesos de selección y ascenso poco transparentes, inestabilidad en los cargos y procedimientos disciplinarios sin garantías suficientes”, se lee en el documento.
Nataly Ponce Chauca, directora ejecutiva del Ceja, explicó que esto se debe a que “enfrentan delitos que comprometen poderosos intereses económicos y que estos son perpetrados por estructuras criminales con fuertes capacidades de articularse con el poder local y nacional, así como de operar transnacionalmente. A ello se suma que el crimen organizado cuenta con recursos financieros, por lo que pueden utilizar tanto mecanismos de corrupción como de intimidación”.
Señaló que en el centro han identificado tres factores que intensifican estos riesgos: entornos de impunidad que se ven reflejados cuando las amenazas no llegan a investigaciones prósperas y sanciones efectivas; fragilidades institucionales para garantizar y proteger la independencia judicial, lo que deriva en prácticas que debilitan a quienes ejercen estos roles; persistencia de déficit en la protección institucional y falta de protocolos adecuados a los riesgos que enfrentan los jueces.
“Estos factores impactan gravemente en la confianza ciudadana, ya que generan o refuerzan la percepción de que la justicia no actúa con imparcialidad”, dijo.