Comité presentó proyecto para convocar Asamblea Constituyente por “bloqueo institucional”

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El Comité de Impulso de la Convocatoria a una Asamblea Constituyente presentó el proyecto de ley en el que propone una Constituyente como respuesta a un escenario persistente de "bloqueo institucional" que impide la realización efectiva del Estado social de derecho.

En el documento exponen los motivos por los cuales es necesaria la medida. En primer lugar, señalan que el país enfrenta una situación social comparable a la vivida a comienzos de la década de los 90, antes de la Constitución de 1991. Según el texto, "las promesas incumplidas de la democracia pueden verse como posibilidades de transformación", en un contexto marcado por "la falta de garantía de derechos, incluidos los sociales, y la lucha contra la impunidad".

El proyecto enumera una serie de problemáticas que, a juicio de sus autores, reflejan esas similitudes históricas, como por ejemplo "la criminalización de la protesta social, las diferentes formas de violencia ligadas al narcotráfico, las acciones de los grupos armados al margen de la ley, la corrupción del Estado y el asesinato de líderes políticos, de ciudadanos y, en particular, de firmantes del acuerdo de paz". A estos puntos se le suman, según el documento, "el bloqueo institucional de una fuerza democratizante que por primera vez llegó al poder colombiano".

Uno de los ejes centrales del proyecto es la crítica al funcionamiento del sistema presidencial. Sobre esto, advierte que, aunque estos sistemas buscan gobiernos fuertes, "enfrentan con frecuencia escenarios de parálisis y estancamiento". Esta situación ha hecho que se cree un Estado "débil y típicamente estacado", dice el documento y advierte que esta situación hace que legislar requiera de acuerdos complejos que muchas veces no se concretan.

Por esto, en la exposición de motivos define el bloqueo institucional como una situación en la que "las burocracias y los sistemas políticos de las democracias contemporáneas entran en situaciones de estancamiento estructural que frustran la realización de los derechos constitucionales".

Según el documento, este fenómeno "da lugar a profundas deficiencias o, incluso, a la inexistencia de políticas públicas para atender problemas sociales urgentes y garantizar derechos fundamentales".

Además, el proyecto también cuestiona el papel del Congreso de la República, al afirmar que este ha permitido y profundizado dichos bloqueos. "Efectivamente, el entramado constitucional existente ha permitido los bloqueos institucionales por parte del Congreso de la República. Estos se han configurado debido al archivo, no fundamentado ni suficientemente discutido, de iniciativas que pretenden llevar a cabo reformas sociales", ponen en el documento.

Ante este panorama, el documento sostiene que es necesario acudir a mecanismos alternativos que no impliquen una ruptura institucional y plantea la necesidad de “activar mecanismos alternativos que permitan el curso de las iniciativas legislativas”.

Según exponen, estas modificaciones "no se pueden llevar a cabo por medio de un acto legislativo o referendo, ya que sustituirían la actual Constitución, por tratarse de modificaciones profundas al sistema".

Enfoques de la nueva Constitución

El documento también desarrolla los enfoques que deberían orientar el camino hacia una nueva Constitución. El primer eje que mencionan es el del "proceso constituyente como escenario de reconciliación nacional y construcción de paz".

En este punto, el texto sostiene que Colombia no ha logrado superar las violencias que han marcado su historia y que han dejado "más de 10 millones de víctimas", pese a los acuerdos firmados con algunos de los grupos insurgentes. Además, advierten que persisten dinámicas de violencia asociadas al narcotráfico, economías ilícitas y al conflicto armado interno, por lo que plantea que el proceso constituyente debe convertirse en "un escenario permanente de construcción de paz y reconciliación para el cese de la violencia organizada y sistemática".

Agregaron que, en esta línea, es una oportunidad para que los actores armados "procedan a deponer las armas en el marco de procesos de sometimiento a la justicia con beneficios sociojurídicos y de negociación política, según el caso".

Otro de los enfoques planteados es la defensa de la soberanía nacional y la integración latinoamericana. El documento enmarca la iniciativa en un contexto internacional que califica como "muy particular" y menciona el "agresivo intervencionismo estadounidense en la región", el cual, según el texto, pone en riesgo el principio de soberanía nacional. En este sentido, propone que la nueva Constitución tenga un enfoque de integración latinoamericana y del Caribe.

Como tercer punto, menciona la necesidad de reforzar el Estado social de derecho. Aunque reconoce que la Constitución de 1991 estableció un amplio catálogo de derechos, señala que el acceso efectivo a estos "con frecuencia, está lejos de ser satisfactorio", especialmente en materia de derechos económicos y sociales. El texto cuestiona la tercerización y el predominio de intereses privados en la prestación de servicios públicos esenciales. "El Estado ha abandonado la prestación directa de los servicios en favor del sector privado, el cual ha transformado los derechos en negocios, aun cuando se trata de servicios públicos esenciales", escribieron.

Como cuarto eje mencionan "la juventud como sujeto de participación democrática y derecho a la paz" y señalan que este sector ha sido uno de los más afectados por la violencia y la exclusión política, sin que existan garantías suficientes de participación real. El proceso constituyente, según el texto, permitiría reconocer a la juventud como sujeto político y fortalecer mecanismos de participación “superando enfoques meramente consultivos”. Además, plantea la necesidad de consagrar de forma expresa “el derecho de los jóvenes a vivir en paz” y la prohibición absoluta de su reclutamiento por actores armados.

El último eje se centra en "una nueva cultura de la constitucionalidad". El documento sostiene que la Constitución no debe entenderse como un texto estático, sino como “un ente vivo, dialéctico, en movimiento, que se adapta constantemente a la realidad del país”.

Desde esta perspectiva, plantea que el pueblo, como constituyente primario, debería ejercer un control permanente sobre el desarrollo e implementación de la nueva Carta Política. Para ello, considera indispensable un plan de pedagogía constitucional que permita el empoderamiento ciudadano y consolide lo que denomina un constituyente permanente.