“Como los ciudadanos no tienen esas encuestas en este momento, votarán a ciegas”

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A finales de julio, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2494 de 2025, una normativa que regula la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política. Las nuevas reglas no cayeron nada bien en las empresas del sector, quienes aseguraron que no fueron consultadas por los ponentes para consensuar la normativa.

En Inside LR, Martín Orozco, gerente general de Invamer SAS, una de las firmas más reconocidas en Colombia en investigación de mercados y de opinión pública, aseguró que la normativa está mal redactada y que atenta contra el habeas data, la libre competencia y la propiedad intelectual.

Invamer ha sido una de las mayores opositoras de esta nueva normativa, incluso ya llegaron a la Corte para revisar su constitucionalidad, ¿Qué opina sobre una ley tan disruptiva?

Ojalá fuera disruptiva, pero la ley es un esperpento, así la denomine yo. Es la ley del miedo y muy mal redactada; yo creo que los senadores que la aprobaron no sabían lo que estaban haciendo, ni las consecuencias que eso iba a tener para el país.

¿Qué consecuencias cree usted que tendrá esta ley?

Esta ley censura a las personas, no les da derecho a opinar y a los medios de comunicación a informar al resto de la ciudadanía. ¿Por qué pasa eso? Porque no sólo legislaron las encuestas de intención de voto, sino las encuestas de opinión pública en general. Todo lo que tenga que ver con opinión pública o política en el país tiene unas exigencias diferentes a las que tenía la regulación anterior.

Esta ley salió en plena época preelectoral, ¿será la primera vez en la que vamos a llegar a elecciones sin tener una medición de cómo está la situación actual?

Sí, de hecho ahorita en 15 días se presenta la primera consulta, la del Pacto Histórico, que no se sabe si será o no interpartidista. Por ejemplo, para esa no ha habido mediciones y el ciudadano debería tener derecho a saber cuál de esos tres candidatos que van a participar en la consulta, no solamente va ganando entre ellos, sino quién podría tener mejor resultado contra los que se va a enfrentar en primera vuelta. Como no tienen esas encuestas en este momento, ni la información, entonces van a salir a votar a ciegas.

Usted alertó que hay un tema relacionado con la muestra y con el habeas data, ¿de qué se trata?
Así es, ante la exigencia de las muestras de esta ley, no hay quien financie este tipo de ejercicios. En cuanto a muestras, por ejemplo, en épocas de intención de voto anteriores, con lo que se hacían tres encuestas bien hechas, hoy solo se va a poder hacer una, para ponerlo en términos prácticos. Esto pasa porque, para medir a los alcaldes en las ciudades, hay que duplicar la muestras; para los gobernadores, hay que ir a 20% de los municipios del departamento; y para cualquier tema nacional, toca ir hasta el Amazonas.

¿Y sobre el habeas data?

La nueva ley exige que debemos enviar al Consejo Nacional Electoral, que sabemos que es un ente de tinte político, las respuestas individuales de cada encuestado. Y aunque la ley sí dice que son anónimas, de todas formas hay que informar dónde se hizo la muestra o, en el caso de las telefónicas, que nosotros no la realizamos pero otras firmas sí, se debe enviar el teléfono de cada persona, con los que prácticamente pueden deducir quién es.

También atenta contra la propiedad intelectual porque exige a las empresas que realicen encuestas enviar todos los códigos computacionales del sistema de muestreo y de procesamiento, y, prácticamente, el know-how de cada compañía queda público ante el Consejo Nacional Electoral, en nuestro caso, aprendizajes de más de 50 años.

Además, va en contra de la libre competencia, porque prácticamente impone un único método de realizar encuestas en Colombia. Y ¿qué más se me pierde por ahí? Atenta también contra el derecho al trabajo, porque en estos ejercicios nosotros generamos mucho empleo. Por ejemplo, en Invamer hay épocas donde llegamos a ser 500 personas o colaboradores y, al reducir la posibilidad de hacer estos trabajos, lo que estamos generando es menos empleo formal.

Ya se sabe que la Corte Constitucional admitió algunas demandas por inconstitucionalidad, ¿ustedes están al frente de esos procesos?

Sí, nosotros fuimos los primeros como grupo de empresas de investigación de mercados. Nos unimos varios, a través de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados en Colombia, y radicamos tres demandas. Hay otras 12 demandas radicadas por otras personas interesadas en el tema.

De las que nosotros admitimos, aceptaron una, además de otras siete que ya están en manos de la Corte Constitucional. Yo creo que el fundamento de cada una de ellas deja demasiado claro que la ley atenta contra los derechos fundamentales.

Yo creería que van a tener éxito, lo que no sé es cuándo, porque mientras eso ocurre, vuelvo y repito, estamos en manos de la desinformación de las encuestas falsas y de la opinión de las personas, que es válida, pero no es estadísticamente representativa en las redes sociales.

La información se va a terminar volviendo un privilegio para aquellos que decidan y contraten encuestas que no van a ser publicadas y van a ser ellos los únicos que tengan data y no el ciudadano. Sin duda, la ley genera desigualdad.

Perfil

Es economista, con especialización en Finanzas de la Universidad Eafit. Desde 2016 se desempeña como gerente general de Invamer, una de las firmas más reconocidas en Colombia en investigación de mercados y de opinión pública. Con más de una década de experiencia en el sector, ha liderado Invamer en un contexto de profundos cambios sociales y políticos, garantizando la calidad, imparcialidad y rigor técnico de todos los estudios.