Comunidades indígenas demandarán por $1 billón Cerro Matoso y entidades del Estado

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De La Espriella Lawyers Enterprise, firma representante de ocho comunidades indígenas en el caso Cerro Matoso, anunció que formulará una demanda de reparación administrativa, cuya pretensión económica supera $1 billón.

Javier De la Hoz, abogado socio de la firma y apoderado de las comunidades, indicó a Asuntos Legales que la demanda será contra Cerro Matoso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y del San Jorge. Esta acción será interpuesta la segunda semana de noviembre ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Presentaremos la demanda en contra de esas entidades en razón a que dentro del mismo proceso se probó la omisión de control y cuidado sobre los instrumentos de gestión ambiental. Es decir, no había vigilancia ambiental. La Defensoría del Pueblo y la misma Corte afirman que la empresa (Cerro Matoso) operó sin control y vigilancia. Eso implica responsabilidad del Estado por omisión”, explicó el abogado.

Es decir, al haber una presunta omisión de control y vigilancia por parte del Estado, el abogado indica que eso dio para que hubiera afectaciones a la salud, por lo que el dinero es para una indemnización individual de aproximadamente 3.500 personas.

“Como se trata de una demanda de reparación directa, lo que se busca es que se indemnicen los perjuicios individualmente. Por ejemplo, si a María se le causó cáncer, los peritos deberán establecer cuánto debe ser el dinero para repararla”, señaló el abogado.

En primera medida, la Corte Constitucional ordenó la indemnización de perjuicios a favor de las comunidades; sin embargo, esta parte fue anulada posteriormente. Esta anulación “no implica la negación de la responsabilidad de la empresa Cerro Matoso S.A. ni desconoce el derecho que tienen las comunidades afectadas que solicitan el amparo de acudir ante la jurisdicción respectiva para reclamar la indemnización de los perjuicios por los daños múltiples ocasionados”, estableció la Corte. Es decir, los nativos deberán hacer valer tales indemnizaciones a través de procesos ordinarios, es el caso de la futura demanda.

Asuntos Legales se comunicó con Cerro Matoso y la empresa dijo que no daría declaraciones hasta ser notificados de la demanda. El Ministerio de Ambiente también dijo que no han sido informados.

El anunció de la demanda se da luego de que las comunidades y Cerro Matoso cerraran con acuerdos las consultas previas, ordenadas por la Corte Constitucional. En la sentencia T-733/17, el organismo estableció que la empresa debía adelantar un proceso consultivo con las comunidades, dentro del cual se analizaran y se tomaran medidas que mitigaran los impactos ambientales y sociales.

De acuerdo con un comunicado de Cerro Matoso, “se llegó a un acuerdo de preconsultas en noviembre de 2018 y se iniciaron las consultas en enero de 2019 para protocolizarlas ahora, en octubre del presente año”. tal cual fue el periodo establecido por la Corte.

Adicional a esto, las partes involucradas llegaron a un acuerdo de inversión social y ambiental por valor total aproximado de $148.000 millones, según Cerro Matoso y de $160.000 millones según De La Espriella Lawyers Enterprise, como medida compensatoria por el desarrollo del proceso consultivo. Este monto se invertirá hasta 2044.

Las comunidades que son sujeto de esta reparación acordada son Bocas de Uré, Centroamérica, Guacarí, Pueblo Felcha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades de San José de Uré.
En Inside LR, Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, indicó que estas consultas y los acuerdos se integrarán al estudio de impacto ambiental, para luego presentar este estudio de impacto ambiental a la Anla en diciembre de este año.

“En inversión social tenemos el tema de educación, agua, vivienda, emprendimiento y búsqueda de oportunidades de negocio”, expresó Gaviria.