Concejal denuncia a la UNP por esquema a 'Beto Coral' y defensa de Petro responde
El abogado Alejandro Carranza, defensor legal de Gustavo Petro, desmintió las acusaciones y anunció medidas legales.
21 de julio de 2026Contenido
El concejal de Bogotá, Rolando González, hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales sobre la asignación de un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección a favor del activista político Humberto Coral Garrido.
De acuerdo con González, la entidad gubernamental ordenó otorgar al beneficiario un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico, a pesar de que la persona reside fuera del país desde hace dos décadas. González también argumentó que la decisión responde a criterios de afinidad política y no a una evaluación real del riesgo.
En su declaración, el concejal comparó esta situación con la del político opositor asesinado, Miguel Uribe Turbay, asegurando que sus solicitudes de reforzamiento de seguridad fueron ignoradas en múltiples ocasiones por la entidad competente. Ante esta diferencia en la asignación de recursos públicos de protección, González exigió la revocatoria de la medida otorgada a Humberto Coral y anunció la posibilidad de iniciar acciones legales en caso de no recibir una respuesta satisfactoria.
En respuesta a las afirmaciones de González, el abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente saliente, Gustavo Petro, desmintió la existencia de dichas solicitudes de reforzamiento por parte de Miguel Uribe Turbay.
Carranza sostuvo que los esquemas de seguridad de los miembros del Congreso son responsabilidad de la Policía Nacional y financiados por el Senado de la República, por lo que la tramitación no correspondía a la Unidad Nacional de Protección.
Además, Carranza cuestionó la procedencia de la información difundida por el concejal y advirtió que la filtración o publicación de documentos de seguridad reservados vulnera la privacidad del protegido y pone en riesgo su integridad física. El jurista argumentó que el acceso no autorizado a bases de datos de carácter privado configura una falta que podría acarrear implicaciones de tipo penal y disciplinario.
El abogado también solicitó una retractación formal por parte del concejal González sobre las afirmaciones vertidas en la denuncia pública. De no realizarse las aclaraciones correspondientes, Carranza indicó que procederá con los recursos legales disponibles en las instancias correspondientes por la presunta comisión de conductas constitutivas de injuria y uso indebido de información reservada.