Conflicto de intereses, razón por la que dejó el cargo el director de Dejusticia

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No seguir los principios de la ética profesional fue una de las razones fundamentales para que César Rodríguez Garavito se viera obligado a retirarse el año pasado de su cargo como director del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, después de que la asamblea general así se lo pidiera.

A este, que salió de manera temporal en octubre de 2018 y definitivamente hace poco más de un año, se le acusó de haber incurrido en un conflicto de intereses al crear una organización sin ánimo de lucro paralela y sin consulta previa al resto de socios llamada JustLabs. Debido a ello, también se aseguró que Rodríguez desatendió sus deberes al frente de Dejusticia en aras de enfocarse más en sus proyectos personales.

Pese a que ser director de este centro de estudios no exigía en ese momento una dedicación exclusiva, sí había una serie de reglas implícitas entre los diferentes socios de esta organización que nació en 2005 gracias a la unión de varios amigos de la profesión. Entre ellas, estaba la de avisar de los diferentes trabajos.

Actualmente, Rodríguez, a quién se le contactó para conocer su versión de los hechos pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta, también es codirector de Open Global Rights y se desempeña como profesor visitante de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (EE.UU.). Igualmente, ha sido maestro en la Universidad de Stanford (EE.UU.), la Universidad Brown o la Universidad de Melbourne, entre otros.

Después de tomar esta decisión, la Asamblea informó de lo acontecido al equipo de trabajadores y a sus principales financiadores, entre los que se encuentran algunos donantes como Open Society Foundation, la Fundación Ford, Tobacco Free Kids IG, Sigrid Rausing Trust, Wellspring y Porticus.

En total, según el último reporte financiero de 2018, los ingresos totales de Dejusticia a través de donantes, contratistas y otras fuentes de financiamiento alcanzaron la suma de $16.060 millones. De estos, se gastaron en ese mismo año unos $11.123 millones.

Al no evidenciarse irregularidades como tal en este caso, los socios no presentaron denuncia alguna ante las autoridades. Sin embargo, esta situación si sirvió para crear una política de conflicto de interés en la organización.

“Se crearon medidas internas que implican el paso de una organización pequeña a otra más institucionalizada. Se decidió ampliar el número de socios y se estableció que se puede considerar como conflicto de interés o no por razones familiares, la carrera personal o negocios particulares, entre otros”, manifestó la actual directora del centro Vivian Newman Pont, quien dijo que ahora sí existe una exclusividad de la dirección, a excepción del ejercicio de docencia.