Corte encontró pruebas de que el Gobierno habría comprado voto de congresistas
La Corte Suprema de Justicia estableció que el voto de los parlamentarios fue comprado a cambio de su concepto favorable
08 de agosto de 2025Contenido
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que existen pruebas suficientes para inferir que altos funcionarios del Gobierno habrían pagado y comprado los votos de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, para que votaran favorable a las necesidades de crédito del gabinete. Este hecho también habría sido conocido y perpetuado por Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, Diego Guevara, exviceministro, y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla.
“El peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”, se lee en la sentencia, documento al que tuvo acceso W Radio.
El origen del "acuerdo" se habría originado por la necesidad del Gobierno por obtener el concepto favorable de dicha comisión para autorizar cupos de endeudamiento vitales. El 26 de septiembre de 2023, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, habrían comenzado los acercamientos y reuniones para comprar sus votos. La sentencia también señaló que todo el esquema transaccional habría estado bajo conocimiento y autorización del exministro Bonilla.
Luego de varios encuentros, el 12 de diciembre, Bonilla autorizó el desembolso de $700.000 millones para la Ungrd, dinero que habría sido utilizado para la ejecución de los proyectos de los congresistas a cambio de su voto favorable. Sin embargo, para "apretar" al Gobierno, los parlamentarios habrían dejado sin aprobar uno de los créditos, con el fin de que les aprobaran tres proyectos en Cotorra, Carmen de Bolívary Saravena y sus interventorías por $92.000 millones. A portas de que se terminara la legislatura, el 15 de diciembre, Bonilla y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, se reunieron para que dichos proyectos fueran aprobados, resultado que fue exitoso.
“En tal sentido, los mutismos, las cancelaciones (...) los aplazamientos o las aprobaciones de los conceptos reflejarían, más que preocupaciones o respaldos a la política de financiamiento externo del Estado Colombiano, el avance de una probable negociación criminal entre varios congresistas y agentes del Ministerio de Hacienda”, concluyó el alto tribunal.
José Moreno, abogado defensor de López, se pronunció sobre la decisión de la Corte y aseguró que "no hay precedente de una colaboración de este nivel en la lucha contra la corrupción", pues el testimonio del exdirector habría sido clave para determinar la culpabilidad de los congresistas implicados. "Esta verdad, dolorosa pero necesaria, no habría sido posible sin el testimonio valiente y documentado de Olmedo López . Durante meses, nuestro defendido ha colaborado con la justicia de manera estructural, entregando pruebas, chats, documentos, nombres, que hoy han sido validados por la Corte Suprema", declaró.
También afirmó que López es un testigo clave y que "su colaboración ha permitido desmontar la red de corrupción que tocaba el corazón del Congreso y del Gobierno". Por esa razón, solicitó que se respete el principio de oportunidad, que se garantice su protección y "se cesen los intentos de estigmatizar o judicializar al único que tuvo el valor de hablar cuando los demás callaban".