Conpes aprobó una suma de $10.392 millones para prevenir el lavado de activos entre 2021 y 2026
La suma autorizada de $10.392 millones se concentrará en afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado
11 de agosto de 2021Contenido
El Consejo de Política Económica y Social, mejor conocido como Conpes, aprobó una suma de $10.392 millones para afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado. La ejecución de estas medidas de financiamiento que ya fueron aprobadas por el Conpes se realizará entre 2021 y 2026.
“Los recursos permitirán afinar los instrumentos de análisis, las estructuras y esquemas de trabajo gubernamental para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra este tipo de actividades delictivas”, explicaron en un comunicado.
Y se agregó: “se trata de la instauración de una política más eficiente que conduzca a reducir la vulnerabilidad producida por los grupos criminales y sus fuentes de financiación como lo es el lavado de activos”.
El Conpes precisó que son necesarios nuevos instrumentos de análisis y seguimiento a las operaciones de los actores que intervienen en los distintos eslabones del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Destacaron que se requiere elevar el nivel de sofisticación de las herramientas y que uno de los objetivos finales de esta adición en financiamiento es que los equipos, procesos y métodos se ajusten a los estándares internacionales.
“Una de las estrategias va dirigida a mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país”, indicó el Conpes.
Es así como señalaron que es indispensable promover la gestión de información permanente entre los actores del ALA/CFT (Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) en Colombia, la cual incentivará la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este tipo de conductas.
“El objetivo es desmantelar las organizaciones criminales, porque al atacar su base financiera se minimiza el riesgo de que la economía sea utilizada para sus fines ilícitos”, explicaron.
En la creación de esta política participaron más de 30 entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero, MinJusticia, Fiscalía, MinDefensa, Cancillería y el MinTIC.