Consejo de Estado admitió demanda que pide anular el decreto del salario mínimo
La Sección Segunda del alto tribunal dio trámite a la acción que cuestiona el decreto que fijó el aumento del mínimo 2026 anual
14 de enero de 2026Contenido
El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo en 23% para 2026, el cual quedó en $2 millones con el auxilio de transporte.
La decisión fue adoptada por la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que consideró que la acción cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para iniciar el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
La demanda fue presentada por el ciudadano Germán Eduardo Castro Marín y está dirigida contra el artículo primero del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Dicho decreto estableció el incremento del salario mínimo tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación con empresarios y centrales obreras, cuyas propuestas estaban entre 7% y 16%.
Tras la revisión inicial, el magistrado ponente concluyó que la demanda reúne las condiciones legales para su estudio, pese a que algunos datos formales no se consignaron de manera expresa en el escrito principal, pero sí en los anexos aportados.
Como parte de la decisión, el Consejo de Estado ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas y correr traslado de la demanda por un término de 30 días al Gobierno nacional, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Durante este plazo, las entidades podrán presentar sus argumentos de defensa y aportar las pruebas que consideren pertinentes.
El alto tribunal también dispuso que los ministerios demandados deberán remitir la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron origen al decreto que fijó el salario mínimo para 2026, incluyendo estudios técnicos, actas y soportes económicos que fundamentaron la decisión.
El incumplimiento de esta orden podría acarrear consecuencias disciplinarias para los funcionarios responsables.
Adicionalmente, se informó que en una providencia separada se resolverá la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, quien pidió la suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo.
La admisión de la demanda no implica un pronunciamiento sobre la legalidad del aumento del salario mínimo, pero abre la puerta a un análisis judicial sobre si el Gobierno respetó los parámetros constitucionales y legales al fijar el incremento para 2026.