Consejo de Estado mantuvo sanción de inhabilidad contra exfuncionario de Arauca
Esto se dio tras una investigación en el municipio donde se acusaba al jefe de Oficina Jurídica de un detrimento patrimonial
14 de mayo de 2020Contenido
El Consejo de Estado decidió mantener la sanción de destitución e inhabilidad de 20 años que le impuso la Procuraduría al jefe de Oficina Jurídica de Arauca, a causa de las irregularidades cometidas en dos actos administrativos que dieron viabilidad a la inversión de $16.000 millones de pesos de las regalías del municipio en la negociación de uno de los títulos de deuda pública que dieron lugar a un detrimento patrimonial de más de $7.000 millones.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario emitió un concepto sobre la legalidad de la inversión de excedentes de liquidez y las regalías e hizo una proyección por medio de la cual la Alcaldía autorizó el desembolso del dinero para la colocación de los títulos a nombre de la firma Probolsa S.A, mediante la comisionista de bolsa Serfinco S.A.
El fallo que ordenó la destitución el 24 de junio de 2010, había sido objeto de una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado.
No obstante, el Consejo determinó que la sanción que impuso la Procuraduría era legal porque había demostrado que el ex funcionario no había cumplido con su deber de examinar un estudio serio sobre la inversión. Además, se sostuvo que el hecho de que el demandante no hubiera sido llamado a rendir versión libre cuando se abrió la indagación preliminar, no significa que la Procuraduría no le hubiera permitido ejercer el derecho de defensa.
En criterio de la corporación judicial, las pruebas y la manera como fueron practicadas no tuvieron ningún vicio de ilegalidad. Según el fallo, las pruebas demuestran que el exjefe de la Oficina Jurídica sabía que Probolsa carecía de requisitos para oficiar como intermediario de la inversión, por no contar con el registro de mercado de valores, ni estar vigilada por la Superintendencia Financiera.
Además, los títulos que quedaron a favor del municipio terminaron teniendo un valor nominal de unos $13.000 millones y produjo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Probolsa y el consecuente detrimento patrimonial que originó la investigación de la Procuraduría.