Consejo de Estado negó la demanda contra la venta accionaria de la empresa Isagén

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El Consejo de Estado aseguró que la venta de Isagén no vulneró los derechos y los intereses colectivos de la comunidad, pues no se probó que la decisión afectase la moralidad administrativa, el patrimonio del Estado o la prestación del servicio público de energía.

"La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio del medio de control de la acción popular, interpuso el expresidente Álvaro Uribe. La acción jurídica señalo que, durante el gobierno de este último, se alcanzaron avances significativos en materia de rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa. Como logros importantes, señaló la reducción de las pretensiones de una demanda que pretendía interponer EPM en contra de Isagén, que superaba los $6.000 millones, y se redujo a cerca de $3.000 millones. Anotó que, gracias a este tipo de gestiones, se elevaron los márgenes de rentablidad, al punto de que la utilidad neta registrada en el 2012 superó los $460.000 millones de pesos", afirmó el Consejo.

Según los demandantes, la venta de $1572 millones de acciones de la empresa estatal ponía en riesgo recursos que son de interés nacional, pues se esperaba recibir más de $4,5 billones y en 2011 y 2012 los activos se incrementaron en más de $1 billón. El accionante aseguró que el proceso ponía en riesgo las finanzas públicas y los compromisos del Estado en generación de energía eléctrica.

"Por estas razones, el demandante solicitó que se le ordenara al Gobierno abstenerse de seguir adelante con este proceso y que se dieran a conocer públicamente los resultados de los estudios en los cuales se basaba esta decisión. Lo anterior, en aras de obtener un amparo al derecho colectivo a la moralidad administrativa, entre otros", dijo el Consejo.

Luego del estudio del caso, el alto tribunal aseguró que no hubo violación al derecho colectivo, a la seguridad y salubridad pública, pues el accionante no explicó a detalle cómo podría verse vulnerado el derecho. El tribunal aseguró que tampoco hubo afectación del patrimonio público, ya que el proceso de venta se hizo luego de asegurar el pago de las obligaciones contraídas por le empresa.