Consejo de Estado protege al CNE en investigación a la campaña de Petro Presidente

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La Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó este jueves una decisión que rechaza tajantemente todas las demandas presentadas contra la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que abrió una investigación administrativa al presidente Gustavo Petro, en su calidad de candidato, por una presunta violación de los topes electorales, con un monto estimado de $5.355 millones.

En su fallo, el Consejo de Estado desestimó la primera demanda presentada por el abogado sucreño Sebastián Méndez Tolosa, quien impugnó la Resolución 05175 de 2024 del CNE. En su acción, el demandante alegó que el CNE no tenía competencias para imputar cargos al Presidente, argumentando que ya se había producido el fenómeno de la caducidad del proceso.

Además, acusó a los magistrados del CNE de prevaricato por acción, alegando que violaron la Constitución y la ley, afectando el debido proceso y la confianza legítima.

Sin embargo, en su decisión, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado ómar Joaquín Barreto, explicó que la resolución de apertura de investigación no es un acto administrativo susceptible de control judicial, dado que no se trata de una decisión de fondo, sino de un acto de trámite.

El fallo dejó claro que solo podrá haber control judicial una vez el CNE emita una resolución definitiva, es decir, cuando se dicte una decisión sancionatoria.

“Este despacho advierte que no constituye un acto susceptible de control judicial, pues no contiene una decisión de fondo que culmine la actuación administrativa, sino que se trata de un acto de trámite”, indicó la decisión.

Además, recordó que los actos definitivos, como aquellos que implican una sanción, son los únicos que pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

También detalla las etapas del proceso administrativo que adelanta el CNE contra la campaña de Petro, que incluye la formulación de cargos, la presentación de descargos por parte de los implicados, la recopilación de pruebas y la emisión de una decisión final.

Según el proceso descrito, una vez se llegue al término del procedimiento, el CNE tendrá un plazo de dos meses para dictar una decisión definitiva, que podrá ser impugnada ante el Consejo de Estado.

Con esta decisión, el Consejo de Estado refuerza el blindaje institucional del CNE, permitiendo que continúe su labor investigativa sin que se pueda cuestionar judicialmente el proceso hasta su conclusión. Esto mantiene abierta la posibilidad de que, si se encuentra una violación a los topes electorales, el CNE imponga una sanción a la campaña de Petro, con las implicaciones legales que esto conllevaría.