Consejo de Estado ratificó sanción a la cementera Cemex por cartel de precios

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Tres empresas cementeras, Cemex, Argos y Holcim, se habían aliado en 2005 formando un cartel empresarial en la modalidad de paralelismo consciente para fijar los precios del cemento gris portland tipo 1 entre junio y diciembre de aquel año, y así se repartieron el mercado durante ese periodo.

Por estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), fijó una multa a Cemex Colombia S.A. por $923 millones y a su representante legal César Constain Van Reck, la suma de $138 millones. Es así como la SIC, a través de un comunicado dio a conocer la ratificación de la sanción para Cemex, mediante la sentencia 14 de junio de 2018, por haber integrado junto a las otras dos cementeras este cartel empresarial.

“La autoridad administrativa se ve forzada a demostrar la existencia de los acuerdos anticompetitivos por medio de indicios y pruebas, que sumadas permiten determinar que varias compañías son partícipes de un acuerdo restrictivo de la competencia”, explicó el Consejo de Estado en su comunicado.

La investigación de la SIC se fundamentó en cinco argumentos: el comportamiento estable de las participaciones de mercado de estas empresas; el intercambio de información detallada y desagregada de los despachos nacionales de cemento gris; el abastecimiento efectuado a Cemex por parte de sus competidores en un escenario de “guerra de precios”; el reconocimiento de inexistencia de competencia entre las tres cementeras, y finalmente, la existencia de un comportamiento concurrente entre los investigados, facilitado por el intercambio de información, las reuniones de los representantes legales y responsables del área comercial y los demás elementos que habrían propiciado una colusión o cartelización entre Argos, Cemex y Holcim.

Uno de los argumentos de Cemex, al interponer la demanda ante el Consejo de Estado fue que “durante el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2005, el cemento gris portland tipo 1 tuvo uno de los precios más bajos de los últimos años”.

La cementera agregó, que en los actos demandados se evidenció la falta de rigor en el análisis de las pruebas arrimadas a la actuación, así como la falencia en la individualización de las responsabilidades para cada una de las empresas involucradas en la investigación, pues, en múltiples apartes de los actos demandados, la SIC asumió que los argumentos de una empresa investigada podían imputarse a otra.

Sin embargo, el ente de control, había explicado que “las empresas participantes en el mercado de cemento en Colombia comercializaban el cemento en su gran mayoría a través de sus distribuidores mayoristas, quienes a su vez venden el producto a los sub distribuidores, ferreteros o minoristas”.

Para Felipe García, jefe de asesores de la Superintendencia, es determinante para la transparencia del mercado cementero el fallo del Consejo de Estado, “se trata de una decisión del alto tribunal confirmando la existencia del cartel empresarial para fijar los precios en 2005, razón por la cual se ratifican las sanciones tanto para la empresa como para su representante legal”.

Para el caso de Argos, la Superintendencia había impuesto sanciones por la cartelización por $73.000 millones. Los implicados son Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos; Ingrid Restrepo, gerente de negocio masivo de Cementos Argos; y Adriana Rodríguez, directora de información comercial, sin embargo, la decisión del Consejo no se relaciona con el caso de esta empresa ni de Holcim.

La Superintendencia agregó que en curso, hay otras demandas contra la decisión del ente de control que deberán ser resueltas por el Consejo de Estado y estas tienen que ver con las investigaciones posteriores también relacionadas con el tema.