La Constitución Política de Perú y los diferentes caminos legales para su posible modificación total

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Tras las protestas realizadas en todo el país en rechazo al gobierno del expresidente Manuel Merino, y que lamentablemente dejó como saldo el deceso de dos jóvenes, ahora el reclamo ciudadano está dirigido hacia la convocatoria de un referéndum con la finalidad de cambiar totalmente la Constitución Política del Perú.

Si bien el presidente Francisco Sagasti sostuvo que “no es una prioridad inmediata” impulsar un referéndum para plantear una nueva Carta Magna, hay otro camino que la población podría adoptar para llevar adelante su demanda.

Los caminos
Constitucionalistas consultados por Gestión explicaron que actualmente existen dos caminos para hacer un cambio parcial, o total, de la Constitución.

El primer camino es la presentación de un proyecto de reforma constitucional, impulsado por el mismo Jefe de Estado o alguna bancada/ congresista en particular, para modificar parcialmente la Carta Magna en el Parlamento.

De acuerdo al artículo 206 de la Constitución, la reforma deberá ser previamente aprobada por la mitad más uno (66 votos) del total legal de congresistas antes de ser sometida a referéndum. Sin embargo, no se necesitará ir a una consulta popular si la propuesta es aprobada, en dos legislaturas sucesivas, por dos tercios (87 votos) del número legal de parlamentarios.

No obstante, Víctor García Toma recordó que en el año 2003 el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo en donde abrió la puerta a que el Congreso también pueda cambiar totalmente la Constitución.

“En este caso, se aplica el mismo procedimiento para una reforma parcial de la Constitución; no obstante, la propuesta necesariamente debe ser aprobada en el Congreso con 87 votos para que, posteriormente, sea ratificada vía referéndum”, acotó.

Iniciativa ciudadana
El otro camino es la presentación de una iniciativa ciudadana para convocar a un referéndum y discutir una reforma total de la Constitución. Cualquier ciudadano en particular puede presentar un proyecto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para dicho fin, deberá adjuntar un total de firmas que representen el 0.3% de electores; es decir, alrededor de 68 mil adherentes. Luego, el organismo electoral trasladará la propuesta al Congreso, quien la revisará y, de ser el caso, la aprobará y se convocará a la consulta popular.

En caso la iniciativa sea rechazada o cambiada sustancialmente por el Parlamento, la ciudadanía aún tiene la opción de acudir nuevamente al JNE y presentar un proyecto de referéndum.

En esta oportunidad, se tendrá que adjuntar un total de firmas que representen el 10% de electores; es decir, alrededor de 2 millones, 300 mil firmas.

César Landa explicó a este diario que, ante esta situación, el JNE necesariamente tendrá que convocar al referéndum.

“La ley no ha precisado este escenario y pareciera que la alternativa de volver a insistir ante el Congreso con un proyecto que previamente ya ha sido rechazado por ellos sería innecesario. La única interpretación razonable es que el JNE someta el tema de una vez al referéndum, siempre y cuando la consulta sea constitucional”, acotó.

Para el constitucionalista, no habría motivo alguno para que el JNE se oponga a llevar a cabo un referéndum para cambiar, por ejemplo, el capítulo económico de la Carta Magna, pese a que las bancadas en el Congreso eventualmente se muestren en contra de dicha posibilidad.

“Si se busca reformar la Constitución en la parte económica, pero el Congreso no quiere hacerlo, eso no significa que la propuesta sea inconstitucional. No hay una cláusula en la Carta Magna que lo impida. Si se va al JNE para autorizar el cambio a la parte económica de la Constitución, creo que no podrían negarse, porque las preguntas o cambios no son inconstitucionales. No vería ningún impedimento en ese sentido, para cambiar el régimen económico o político”, dijo.

¿Y la Asamblea Constituyente?
El último sábado el congresista de UPP, José Vega, anunció que adquirió un kit en la ONPE para recolectar firmas y convocar una Asamblea Constituyente por nueva Constitución, a través de un referéndum.

“El objetivo de la compra (del kit) es para lograr, mediante una iniciativa ciudadana, un referéndum. Debemos recolectar el 10% de las firmas, de acuerdo al último proceso electoral, que nos permita la convocatoria de la Asamblea Constituyente”, indicó ante la prensa, tras precisar que se necesita juntar un promedio de 2 millones y medio de adhesiones.

Al respecto, los constitucionalistas aclararon que la iniciativa no prosperará en el JNE, debido a que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no es algo que esté contemplado en la Constitución.

“Lo de José Vega es un gesto político nada más, no va a proceder. La Asamblea Constituyente no figura en la Constitución, por lo que no podría darse un referéndum para llevarlo a cabo. Lo ideal hubiese sido que presentara un proyecto de reforma constitucional para que, dentro de los mecanismos de cambios a la Carta Magna, se estipule la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Con este cambio, podría ser un mecanismo constitucional”, apuntó Aníbal Quiroga.

El abogado añadió que otra posibilidad, aunque no esté previsto en la Constitución, es que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna; sin embargo, dijo que necesariamente se tendría que firmar un acuerdo político para dicho fin.

“Tendría que haber un acuerdo político que se imponga sobre la realidad constitucional, apelando a la unanimidad y a la unión de todas las fuerzas políticas, porque ese tema (Asamblea Constituyente) no está previsto en la Constitución”, acotó.

El Congreso tiene la última palabra
José Vega no sería el único que estaría recolectando firmas para presentar una iniciativa ante el JNE, con la finalidad de convocar a un referéndum para cambiar la Constitución.

Democracia Directa, el partido de los fonavistas, ya tiene recolectado 2′400,000 firmas para dicho propósito. En diálogo con Gestión, su vocero, Andrés Alcántara, informó que su grupo ya digitalizó más de un millón de firmas, requisito exigido por el JNE, y esperan terminar el proceso a finales de enero.

“Nosotros ya cumplimos con el mínimo de firmas, pero seguiremos recolectando. Estoy seguro que llegaremos a los tres millones de adhesiones”, dijo.

En cuanto al documento que será presentado al JNE, Alcántara explicó que se tiene un texto base de nueva Constitución elaborado en el año 2009; sin embargo, dijo que será mejorado.

“Tenemos un texto base, pero será enriquecido con las ideas que puedan dar diferentes sectores, organizaciones sociales y partidos”, dijo tras precisar que de los 129 artículos de la Carta Magna, al menos 91 deben ser modificados, sobre todo, los relacionados al capítulo económico, sobre derechos humanos, etc.

Finalmente, adelantó que tras las elecciones internas (9 de diciembre), se impulsarán debates al interior del país, para recibir opiniones. “No queremos ir a una Asamblea Constituyente”, remarcó. De esta manera, se desmarcó de las intenciones de José Vega.

Al respecto, Aníbal Quiroga aclaró que, de todas maneras, esta iniciativa pasará por el Congreso para su revisión.

“El JNE no puede llevar a cabo un referéndum de la reforma de la Constitución sin el Congreso, porque el constituyente derivado es el Parlamento. Ellos (Democracia Directa) pueden pedir lo que quieran, pero hay que ceñirnos en los que dice la Constitución, en su artículo 206”, remarcó.

En ese sentido, el constitucionalista reiteró que en este tipo de temas el Congreso tendrá la última palabra. “La reforma de la Constitución, ya sea parcial o total, solamente se puede hacer pasando por el Congreso, sino mañana mismo tendríamos 10 millones de firmas para convocar a un referéndum y aprobar una reforma constitucional para no pagar impuestos. Todo el mundo votaría a favor, seria unánime, pero no es tan fácil. Tiene que pasar el tema por el Congreso”, anotó.