#ConsultorioAL | "No creo que la pandemia pueda considerarse fuerza mayor en sí misma"

Durante una nueva edición del Consultorio Asuntos Legales cuyo tema era "Adaptación de la Justicia al Covid-19", los panelistas invitados, Guillermo Cáez y Marco Álvarez debatieron sobre los dilemas que afronta la justicia frente a la coyuntura del Covid-19.

Cáez es socio del área de resolución de controversias en la firma invitada, Cáez Muñoz Mejía, mientras que Álvarez es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

En primer lugar, el magistrado Álvarez mencionó que "la administración de justicia ha venido siendo consecuente con el fin de proteger la vida de los usuarios y los funcionarios, lo que ha ocasionado una paralización de la justicia. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura decretó suspensión de términos, no obstante se ha dado prelación a asuntos que no podían paralizarse en materia penal, como los jueces de control de garantías y relativos a personas privadas de la libertad. y en asuntos de familia, donde se han manejado asuntos de violencia intrafamiliar y adopciones. El panorama, sin embargo, es de suspensión de términos, lo que genera inquietudes".

Cáez, por su parte, mencionó que "es importante tener en cuenta que las decisiones de la judicatura son sensatas y van muy en línea con las tomadas en los países de la Ocde, la mayoría hicieron una parálisis total de la administración de la justicia, con algunas excepciones, como Canadá y Estados Unidos".

Frente a qué tan preparado estaba la justicia para esta coyuntura, Álvarez mencionó que "el estado colombiano no estaba preparado para una situación como esta, y la administración de justicia no va por separado". Sin embargo, destacó que "normativamente Colombia estaba preparada desde el punto de vista de justicia para enfrentar medidas de la pandemia. El Código General del Proceso tiene todas las herramientas necesarias para que el aparato de la justicia pueda funcionar. se permite la realización de audiencias virtuales, firma electrónica, el expediente digital, entre otros, pero normativamente estamos preparadas". En cuanto a la parte tecnológica, "esto ha permitido que veamos que la Rama Judicial no tiene el atraso tecnológico que normalmente se piensa, en tres semanas se han hecho mas de 8.500 audiencias virtuales, lo que demuestra que sí es posible. Hay que pensar en retomar el sistema de manera progresiva, determinado por las posibilidades tecnológicas que se nos vengan ofreciendo".

Caez, por su parte, señaló que "hay que ser responsables porque la salud y la vida siguen siendo un bien importante que va a estar en riesgo, y tenemos que buscar alternativas con lo que ya tenemos para poder hacer una implementación gradual del sistema de justicia. La primera propuesta en ese sentido es que el sistema de información se convierta en un sistema de notificación electrónica, que permita disminuir el flujo de personas con una herramienta que ya está y puede adaptarse. Hay que abrir el paso para que la administración empiece a ser digital, y eso empieza con permitir la radicación de manera digital y continuar con esos expedientes de forma digital, y los que ya estaban irlos digitalizando progresivamente".

El abogado, además, mencionó que en momentos de cuarentena podemos funcionar de forma virtual usando herramientas que ya están funcionando, "por ejemplo, la policía está exceptuada del régimen de cuarentena, uno podría decir que el juez puede llegar de forma virtual con un policía a la práctica de medidas como embargos, secuestros, medidas cautelares previas. Hay que buscar formas de crear herramientas sencillas para crear oficios que, en estados de normalidad, se radicaban en las oficinas, que se generen canales virtuales para garantizar un funcionamiento efectivo de la justicia".

Frente al tema de cómo hacer efectivas las decisiones judiciales, el magistrado Álvarez afirmó que "debemos hacer un compás de espera, que permita a las personas acomodarse a la nueva situación. Comparto la idea de suspender por unos tres meses las diligencias de inspección judicial, de secuestro, que podrían comprometer la vida de los intervinientes, pero existen otras decisiones que sí se pueden cumplir y hay que empezar a habilitarlas, que se pueden hacer en línea sin necesidad de acudir al despacho. Lo que no podemos es estandarizar una decisión para todos los casos, ni dejar a un lado el sistema de justicia", al tiempo que recalcó que es necesario buscar mecanismos para que las decisiones de los jueces se cumplan, y que los decretos del Gobierno han arreglado solo una parte del problema, en la medida que no resuelven nada para quienes ya tienen andando procesos judiciales.

Sobre los protocolos de las audiencias, donde los jueces tienen el control del escenario de manera presencial, Álvarez anotó que "las medidas correccionales son la última posibilidad frente a cualquier molestia de una parte, incluso altanería, la mejor respuesta del juez es la prudencia, la calma, no puede precipitarse a poner sanciones. Puede suceder que el tema se salga de control, y quiero destacar que esto no es lo usual, pero si se presentara creo que es más fácil, porque la tecnología permite silenciar un abogado, e incluso expulsarlo, pero esperemos no llegar hasta allá".

El magistrado, además, planteó la posibilidad de que el internet deba ser considerado un derecho mínimo vital tecnológico, a lo que Cáez respondió que está de acuerdo con la consideración del internet como mínimo vital, y señaló que "revisando la legislación, sobre el internet no se ha dicho nada en razón al servicio público. Hoy nos llevamos la sorpresa de que tenemos que empezar a resolver preguntas que no habíamos planteado, pues si el funcionamiento del Estado está bajo plataformas digitales, el espaldarazo que tiene que dar el Gobierno es dar la categoría de internet como servicio publico esencial, de acceso necesario, pero hay que generar también infraestructura, no solo conectividad".

Además, frente a la competitividad del país en ese frente, Cáez destacó que "hoy vemos cifras internacionales del FMI y el BM que hablan de decrecimiento económico, y Colombia sale bien librada en esos pronósticos. El reto que tenemos es ver cómo la justicia puede ser un instrumento para traer competitividad e inversión, esta es una oportunidad para que empecemos a resolver de manera adecuada las preguntas que nos tenemos que hacer. Siempre digo que la mayoría de políticas publicas resuelven de manera correcta las preguntas equivocadas, y demos ver cómo la justicia nos puede ayudar a la generación de nuevos negocios para que la economía se reactive".

El abogado, además, añadió que "el Gobierno tiene que jugársela por mecanismos alternativos de solución de controversias, considerando que, por ejemplo, en 2019 hubo 483.700 de procesos ejecutivos. Deberíamos seguir el ejemplo de Perú, donde es obligatorio el arbitraje dentro de las cláusulas de los contratos. Además, surge una pregunta adicional, sobre la temporalidad de la competencia de los árbitros. Hoy los árbitros pierden competencia cuando emiten el laudo, y debiéramos aprovechar para bajar los índices de ejecutivos y declarativos extendiendo la competencia a mecanismos como el arbitraje, para que el tribunal de arbitramento pueda hacer efectivas las decisiones del laudo, que hoy son de la jurisdicción ordinaria". El magistrado Álvarez, sin embargo, discrepó de las posibilidad de dar competencias ejecutivas a los árbitros.

Por otro lado, frente a las posibilidades de aplicar inteligencia artificial en la dinámica judicial, el magistrado anotó que "si se miran las estadísticas de los procesos, nada obsta para eliminar la idea de juez físico. Hay muchos procesos en los que nunca hay oposición, entonces sería viable que la persona que necesite acceder al sistema de justicia llenara un formulario, adjuntara los documentos, y recibiera una respuesta de un sistema virtual previamente alimentado, y se genera la notificación. Si no hay oposición, se sigue de manera automática el proceso. En este tipo de casos me pregunto cuál es la utilidad efectiva del juez en esos casos, cuando podrían ser manejados por un sistema y más temprano que tarde tenemos que llegar a ese punto. El sistema, claro, debería prever una eventual revisión por justicia humana, pero no podemos quedarnos en sistemas tradicionales, es tiempo de empezar a pensar, entre toda la sociedad, estos temas".

Finalmente, frente a la categorización de la pandemia, Cáez explicó que, en su concepto, "no es fuerza mayor, ni aplica la teoría de la imprevisión. Tenemos que partir de la base que los contratos se celebran entre humanos de buena fe, y creo que acá puede haber un hecho de revisión del contrato. Incluso, si uno mira los decretos del Gobiernos, hacen un llamado a que las partes concilien, y en caso de que no se logre pues habrá elementos de revisión contractual. Más allá de eso, no me atrevo a categorizar con fuerza mayor o caso fortuito, no creo que la pandemia cumpla con las características".

El magistrado, por su parte, cree que "un hecho no es fuerza mayor en sí mismo, hay que ver sus efectos, y hay que mirarlos en cada caso en particular, pero no creo que pueda decirse que la pandemia es fuerza mayor en sí misma", y agregó que "para revisar el contrato no es necesario que haya fuerza mayor, según la teoría de la imprevisión. Hay que ver cada caso y los jueces deberán dar una solución equitativa, y eso es muy importante. Se necesitan herramientas expeditas para esos casos en los que se pretenda aplicar la teoría de la imprevisión, o comenzar a pensar que las decisiones que adoptemos los jueces puedan ser aplicables desde el momento que se presentó la situación extraordinaria, que es esta, más allá de si se pudo cumplir o no la prestación correspondiente. Hay que generar, recalco, soluciones equitativas, no necesariamente plegadas a la fuerza mayor".