Contra MinHacienda, se busca crear una empresa para administrar agua en La Guajira
La ponencia fue aprobada haciendo caso omiso a las observaciones que los Ministerios de Vivienda y Hacienda habían realizado
06 de noviembre de 2024Contenido
El pasado 29 de octubre, las senadoras del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epieyú y Esmeralda Hernández Silva, lograron que la plenaria del Congreso de la República aprobara la ponencia del proyecto de Ley 207 de 2023.
Este busca “garantizar el acceso al agua para consumo humano y saneamiento básico en el departamento de la Guajira", además de crear la empresa Provisión de Aguas de La Guajira (Proaguas) que se encargaría de administrar todos los recursos y proyectos de este departamento.
Sin embargo, el proyecto ha generado polémica toda vez que presuntamente estarían buscando crear una nueva empresa que monopolizaría los recursos y se los quitaría la gobernación de La Guajira que ha logrado sacar adelante más de 40 acueductos y proyectos importantes con la participación del Ministerio de Vivienda y empresas como Ecopetrol, el Grupo Aval, Promigas, Cerrejón o Alpina. Esto bajo los mandatos ordenados por la Corte Constitucional en su sentencia T-302.
Por su parte, José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, anunció que en las próximas semanas se hará una nueva audiencia de seguimiento a la Sentencia T-302 y advirtió que en materia de suministro de agua básico había avances significativos.
Cabe destacar que en 2020 el gobierno nacional y la gobernación crearon la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua). En el proceso participaron instituciones de carácter público, privado o mixto dirigidos. Además, es el gestor del Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento.
De esta unión han surgido obras públicas por más de $240.000 millones en todo el departamento, en su mayoría movidos por energía solar, parques, aulas o salones, incluyendo la adecuación del alcantarillado en Manaure o la Ptar de Rioacha.
Partiendo de lo anterior, el proyecto en cuestión, busca garantizar recursos para resolver todas las necesidades de agua y saneamiento básico en este departamento, estimados por el Ministerio de Hacienda en $758.161 millones al año, incluyendo recursos del presupuesto nacional, del departamento, municipios y entidades.
Además propone que se faculte a esa cartera para que contrate de forma directa una fiducia y se cree un patrimonio autónomo para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento básico, incluyendo jagüeyes, molinos, pozos. A este llegarían llegar todos los recursos y proyectos que actualmente ejecuta Esepgua.
Y como tercer punto, buscaría que se cree a Proaguas, una entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al ministerio de Vivienda, “con estructura administrativa y planta de personal propia, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en La Guajira”.
Sin embargo, esta ponencia fue aprobada haciendo caso omiso a las observaciones que los Ministerios de Vivienda y Hacienda habían realizado. En el caso del último, se había enviado una carta al Congreso en la que se advertía que que además de tener que modificar las leyes para que los recursos de los entes territoriales puedan ser destinados para una nueva fiducia y entidad, se debían revisar y ajustar varios elementos.
Además, advirtió que el actual esquema fiduciario es una herramienta de gestión financiera para la inversión. Además, la empresa cuenta con un patrimonio autónomo se administran recursos del Departamento, la nación, la CAR y los municipios vinculados. Por ende "aquí es necesario procesos que todos los municipios del departamento están vinculados al PDA y ninguno aporta recursos".
MinHacienda resaló entonces que "teniendo en cuenta los componentes del PDA y el Objetivo de dicho esquema fiduciario, se recomienda revisar funciones de Proaguas que pueden duplicarse con las que ya existen en los PDA. Particularmente el PDA de La Guajira ha migrado de la ejecución de infraesructura de servicios públicos domiciliarios al diseño, contratación y ejecución de infraestructura de soluciones alternativas, lo que obliga a una revisión tanto de los objetivos del PDA como de Proaguas para que la gestión en el sector resulte articulado entre estos mecanismos del orden nacional”.
Ante los hechos, se cuestiona el motivo detrás de crear una nueva empresa que prácticamente haríalo mismo que la existente.