Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal a Olmedo López y Sneyder Pinilla
El ente de control fiscal identificó sobrecostos irregulares por más de $2.000 millones en contratos del programa 'Hambre Cero'
19 de noviembre de 2025Contenido
La Contraloría General de la República abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, respectivamente, por una serie de irregularidades y posible daño al patrimonio público en contratos del programa 'Hambre Cero'.
Dentro de la investigación que se adelanta contra exfuncionarios de la unidad, el ente de control fiscal revisó todos los soportes existentes, así como facturas y bases de datos de beneficiarios, en relación con el desarrollo del programa 'Hambre Cero' en los departamentos de La Guajira y Arauca.
No obstante, encontró que los documentos disponibles carecían de información y, por esa razón, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría abrió los procesos de responsabilidad fiscal contra López y Pinilla.
Frente al contrato en La Guajira, este tenía el objetivo de proveer alimentación a 700 personas de los municipios de Hatonuevo y Manaura, durante un plazo de 90 días. Para este efecto, contó con una inversión inicial de $5.240 millones; sin embargo, la Contraloría identificó sobrecostos por $1.001 millones en la contratación de raciones para las comunidades Wayuu de la región.
"Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el Rues, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUT del sector educativo y falta de soporte técnico", explicó el ente de control.
Por su parte, el contrato en Arauca estaba destinado a suministrar alimentación para 6.200 beneficiarios del programa, por un periodo de 90 días, en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca. Para ello, contó con una inversión inicial de $9.200 millones, pero la Contraloría estableció sobrecostos por $1.064 millones.
"Entre las anomalías detectadas están: contratistas sin experiencia, patrimonios reducidos, ausencia de inscripción en Rues, códigos CIIU inconsistentes y objetos contractuales incongruentes con la capacidad técnica de las entidades", señaló.