Judicial

Contraloría advierte riesgo patrimonial de $800.000 millones en servicio de aseo de Cali

Alcaldía de Cali

El organismo de control solicitó medidas inmediatas ante el vencimiento de los términos de liquidación de los contratos anteriores

14 de mayo de 2026

Isabella Rodríguez Ángel

Canal de noticias de Asuntos Legales

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La Contraloría General de la República identificó un riesgo de afectación patrimonial estimado en $800.000 millones relacionado con el servicio de aseo en Cali. Esta cifra surge de una valoración técnica realizada por la banca de inversión Bonus, bajo encargo de la Superintendencia de Servicios Públicos.

El motivo de esta alerta es la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de activos estratégicos como el catastro de usuarios, el software y las bases de datos comerciales tras el fin de las concesiones.

El conflicto jurídico se centra en la interpretación de las cláusulas de reversión de los contratos que operaron durante las últimas dos décadas. Emsirva Empresa de Servicios Públicos sostiene que la información operativa debe ser entregada sin costo adicional al finalizar el vínculo contractual.

Por el contrario, los operadores privados que prestaron el servicio hasta el pasado 28 de enero reclaman la propiedad intelectual y comercial de dichos datos, argumentando su condición de prestadores efectivos.

La complejidad del proceso aumentó tras un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitido el 11 de mayo de 2026. Esta decisión judicial suspendió el proceso de selección que buscaba contratar a los nuevos operadores del servicio en la ciudad. Al detenerse la licitación, se interrumpió el cronograma de transición previsto por la entidad liquidataria para garantizar la estabilidad del sistema de aseo.

El organismo de control advirtió que el próximo 28 de mayo finaliza el periodo de liquidación contractual, lo que podría generar un vacío jurídico en la administración del servicio. Esta situación compromete la continuidad operativa y la gestión de los recursos obtenidos mediante el recaudo de tarifas a los usuarios. Existe una preocupación institucional sobre quién asumirá la responsabilidad del manejo de los activos esenciales a partir de esa fecha.

La Contraloría instó al Distrito de Cali, a las empresas Emsirva y Emcali, y a las autoridades nacionales a coordinar acciones para evitar impactos fiscales y operativos. El ente de control mantendrá una vigilancia especial sobre el proceso para asegurar la protección de los recursos públicos.

La prioridad para este proceso es lograr resolver la titularidad de las bases de datos antes de que el vacío contractual afecte el bienestar ciudadano.