Contraloría advirtió que $107,4 billones del Acuerdo de Paz no reflejan cambios reales
Destacó que 42% de los proyectos clasificados como de "paz" no están asociados a ningún producto concreto y solo 17% permiten cuantificar resultados
16 de septiembre de 2025Contenido
La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, en su noveno informe de seguimiento de recursos de Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, hizo un llamado de atención y advirtió que $107,4 billones invertidos a lo largo de los nueve años de implementación del Acuerdo de Paz no reflejan cambios reales en la construcción de paz duradera.
Este monto correspondería con el reportado por las entidades encargadas, entre 2017 y el primer trimestre de 2025 y equivale a 53% del presupuesto total estimado para 15 años, por $201,5 billones.
El ente de control infirmó que, durante 2024, se ejecutaron $19,2 billones, 16,2% más que en 2023, superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017. "Sin embargo, el análisis de pertinencia revela que 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable", explicó.
También destacó el papel del Mecanismo de Obras por Impuestos, como fuente de financiación, pues registró una ejecución acumulada por $3,9 billones, con un crecimiento de 40,7% el año pasado. A su vez, las cifras del Fondo Colombia en Paz, FCP, revelaron que adelantó 42 convocatorias por $115.831 millones, enfocadas en sectores como infraestructura vial y educativa, proyectos productivos, salud y enfoque étnico, en 2024.
Por otro lado, la Contraloría detectó "113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto durante el período julio de 2024 a junio de 2025, 31 fiscales por $4.794 millones que evidencian el uso ineficiente de recursos públicos". Por ejemplo, en el sector Minas y Energía, 12% de proyectos de sistemas solares fotovoltáicos financiados con recursos del Ocad Paz presentaron irregularidades por no funcionalidad de las obras, "confirmando que millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador por ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento", señaló.
A su turno, se refirió sobre el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, SIIPO, en que identificó retrasos en el proceso de actualización, lo que limitó que la información estuviese disponible para el seguimiento de puntos y pilares del Acuerdo. En este punto, afirmó que es "fundamental establecer metodologías claras para la identificación de productos específicos en todos los proyectos identificados con el trazador 'Construcción de Paz’ e implementar mecanismos para medir el impacto de la transformación territorial".
Sobre la Reforma Rural Integral, RRI, aseguró que las inversiones se mantienen, pero su continuidad y sostenibilidad enfrenta ciertos desafíos. También señaló que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, concentró 32% del Presupuesto General de la Nación, equivalente a $3,84 billones; de los cuales $3,12 billones se destinaron al fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y RRI.
"El Plan Nacional de Formalización incrementó su presupuesto de $5,83 a $6,26 billones, logrando la adjudicación récord de 7.432,19 hectáreas en 2024; que, si bien es un avance importante frente al comportamiento histórico, el rezago impedirá cumplir con la meta trazadora de adjudicar 3 millones de hectáreas", declaró. A su turno, en relación con el Plan Nacional de Electrificación Rural, advirtió que enfrenta un déficit estructural por $10,26 billones y requiere $18,2 billones para completar la universalización del servicio en territorios rurales, 10,27 billones más que los establecidos.
La Contraloría también se refirió sobre los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral y aseguró que la mitad de ellos tiene cobertura geográfica insuficiente y baja complementariedad de acciones interinstitucionales, con lo que se ve comprometida la efectividad de la transformación territorial.
"El Plan de Educación Rural cuenta con un presupuesto indicativo de $45,06 billones para el cumplimiento del PMI, con apropiación acumulada de $27,8 billones entre 2019 y2025. Durante la vigencia 2024, contó con recursos directos del Procuraduría General por $1.74 billones, de los cuales se obligaron $1.30 billones, logrando una ejecución del 74,71%", señaló también.
Por último, afirmó que $8,95 billones fueron destinados para impulsar la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa para cerrar brechas rurales; no obstante, "la falta de línea base, la débil articulación local y las barreras logísticas han limitado que la economía campesina, familiar y comunitaria se consolide como motor de desarrollo territorial", explicó.
El contralor general resaltó que la construcción de paz "no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales" y afirmó que es urgente evaluar los programas y los proyectos planteados en el acuerdo, con el objetivo de mejorar la cohesión entre estos fines y las contrataciones derivadas de ellos, "para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país".