Contraloría advirtió riesgo en la Resolución 10 de 2025 sobre crédito agropecuario
Señalaron que, desde el ámbito financiero, no se emprendieron los análisis que podrían medir el impacto que tendría en entidades como Finagro o en el Fondo Agropecuario de Garantías
16 de diciembre de 2025Contenido
La Contraloría General de la República advirtió que la Resolución 10 de 2025, que modifica la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural, es jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, al haberse expedido sin los estudios técnicos completos ni el concepto previo obligatorio de la SIC. A su vez, la entidad le solicitó a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Cnca, evaluar el uso de las medidas para impedir que se materialicen los daños.
“Para la Contraloría General resulta jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, generando un escenario de incertidumbre regulatoria, pérdida de confianza en el sistema de crédito rural y exposición a contingencias financieras que podrían comprometer recursos del orden nacional”, sostuvo la entidad en su comunicado.
La Contraloría afirmó que esta resolución fue difundida sin tener los estudios técnicos al día los cuales debían respaldarla. Esto se podría traducir que la población opinó sobre una propuesta que no está respaldada con el análisis requerido por la ley. La entidad destacó que la Cnca no pidió la referencia obligatoria que se necesitaba por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.
En el comunicado se advirtió que, “ la Comisión estaría asumiendo decisiones que podrían exceder sus competencias, como modificar condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario y definir tasas diferenciadas, lo cual pone en riesgo la validez de la resolución”.
Finalizaron el comunicado señalando que, desde el ámbito financiero, no se emprendieron los análisis que podrían medir el impacto que tendría en entidades como Finagro o el Fondo Agropecuario de Garantías, poniendo la resolución en estado de inestabilidad.
“La resolución disminuye la capacidad del sistema para otorgar crédito sin evaluar cómo esto puede afectar las tasas de interés y el acceso de los productores rurales a financiamiento”, concluyeron.