Contraloría detecta dos presuntos hallazgos fiscales por $15.752 millones en el Cesar
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De acuerdo con el organismo de control fiscal, el presunto detrimento patrimonial asciende a la suma de $15.752 millones en obras proyectadas para los municipios de Becerril y la Jagua de Ibirico, donde se concentra la mayor explotación carbonífera del país.
El primer presunto hallazgo fiscal, por $8.056 millones, se dio en el mejoramiento de la vía entre el Municipio de Becerril y el corregimiento de Estados Unidos.
El segundo presunto hallazgo, por $7.695 millones, se encontró al revisar la ejecución del contrato de pavimentación de la vía del corregimiento La Victoria de San Isidro a la Ruta 49, municipio de La Jagua de Ibirico.
Según la CGR, los mencionados hallazgos se habrían generado por deficiencias en la planeación y falta de seguimiento y control efectivo por parte de la Gobernación del Cesar.
La misma Contraloría había ya efectuado visitas a las obras mencionadas, los días 6 y 7 de mayo del año 2015, encontrando desde ese momento patologías del concreto asfáltico y falencias constructivas.
Estos resultados se encontraron dentro de una Actuación Especial de Fiscalización que adelantó el organismo de control fiscal a once contratos celebrados por la Gobernación del Cesar con recursos de regalías.
Participación del exsecretario de infraestructura
Dice la CGR que los estudios de conveniencia y oportunidad de estos dos proyectos viales fueron suscritos el 3 de septiembre de 2013 por el entonces Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, Ómar Enrique Maestre Vélez, quien ejerció este cargo durante los cuatro años del periodo del anterior Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El 25 de noviembre de 2013 se suscribió el respectivo contrato por parte del Secretario de Infraestructura Maestre Vélez, quien firmó en calidad de Delegado del Gobernador del Cesar.
Sin embargo, en una de las adiciones del contrato, suscrita el 26 de junio de 2015, se adicionó el contrato auditado en más de $1228 millones, firmada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El contrato en mención se había celebrado por una cuantía inicial de $20.777 millones, con un plazo previsto para 12 meses de plazo. El Acta de Inicio, sin embargo, solo se firmó hasta el 28 de febrero de 2014, es decir, dos meses después de suscrito el contrato.
Llamó la atención de la Contraloría que al 15 de marzo del año 2016 las obras del referido contrato se encontraban suspendidas y que para el 22 de abril del mismo año se habían pagado por el mismo a favor del contratista, $20.438 millones.
Los cuestionamientos
La visita adelantada por el equipo auditor de la CGR a los dos tramos viales donde se encontraron los hallazgos fiscales que suman $15.752 millones permitió observar lo siguiente:
- Con relación a la Vía Municipio de Becerril al corregimiento de Estados Unidos entre el KO al K9+150, se evidenció que en toda la extensión predominan fisuras longitudinales, grietas de borde con asentamiento longitudinal del pavimento flexible tanto en el centro como en los carriles izquierdo y derecho de la vía, presentándose también en las zonas que fueron recientemente reparadas.
Dicha vía fue objeto de reparaciones por el contratista. Sin embargo, a la fecha de la visita de la Contraloría persistían las fallas, lo cual es un indicador de que el tratamiento de reparación realizado por el contratista no fue el adecuado para la solución definitiva.
Además, los sectores en los que se habían efectuado reparaciones se encontraban sin la respectiva demarcación horizontal, los taludes en piedra pegada mostraban desprendimiento en la parte superior, con presencia de fracturas en algunos de ellos.
- Respecto a la Vía La Victoria de San Isidro a la Ruta 49, municipio de la Jagua de Ibirico entre el KO al K8+300, se evidenció que a lo largo de la vía pavimentada, predominan fisuras longitudinales que van de uno a 40 metros, grietas de borde con asentamiento longitudinal del pavimento flexible, tanto en el centro como en los carriles izquierdo y derecho de la vía, presentándose también en las zonas que fueron recientemente reparadas.
La situación descrita indica que el tratamiento de reparación realizado por el contratista no es el adecuado para la solución definitiva de las fallas que se presentan. Esta situación se hizo más notoria en el tramo comprendido desde el KO al K7+400.
Por otra parte, los sectores en los que se han efectuado reparaciones se encuentran sin la respectiva demarcación horizontal; y los taludes en piedra existentes muestran desprendimiento en la parte superior con presencia de fracturas.