Contraloría detectó hallazgos por $8.900 millones en el Dapre por siniestro de drones
El convenio se habría prorrogado seis veces en cuatro años y se inició la Fase II sin evaluar las causas del primer siniestro
04 de agosto de 2025Contenido
La Contraloría General de la República realizó una auditoría financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, correspondiente al primer semestre del año, por la pérdida de recursos en un siniestro de dos drones, en la que estableció hallazgos fiscales por $8.954 millones.
El convenio para la adquisición de los drones, celebrado entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., Ciac, tenía como objetivo el fortalecimiento del reconocimiento y la vigilancia aérea y espacial sobre las áreas de implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención, Zeii, al cual no se le habría dado cumplimiento.
En la inspección se encontró que el convenio fue prorrogado seis veces entre 2021 y 2025 y modificado en valor por más $33.000 millones. Incluso, se detectó el inicio de una segunda fase sin haber obtenido información aeroespacial. También se confirmó que el Dapre no exigió pólizas a la Ciac para la protección del uso de los recursos entregados y la FAC no aseguró los drones cuando fueron recibidos en su inventario.
El tercer hallazgo se relacionó con una serie de diferencias e inconsistencias entre las actas de comité técnico y los informes entregados por la FAC y la Ciac, los cuales "no generan valor agregado para la toma de decisiones frente al proyecto de inversión", según informó el ente de control.
La Contraloría detectó que no hubo respuesta oportuna frente a los incidentes técnicos que se presentaron durante el desarrollo de la primera fase e, incluso, se dio inicio a la segunda, a pesar de los siniestros de los dos primeros drones. En esta Fase II, también se observó que los recursos entregados no fueron protegidos ni garantizados por Fondo Paz.
En el convenio también se destinaron $38.868 millones para la adquisición de las aeronaves, pero "se evidenció falta de supervisión e inobservancia de los fines de la contratación estatal, al haber utilizado la figura de suspensión y prórroga contractuales convirtiéndose en un mecanismo para amparar
incumplimientos de las partes desde el año 2021", se lee en el documento.
Como resultado, se provocó un presunto detrimento patrimonial de $8.954 millones por los dos drones siniestrados, de los cuales no hay reporte ni información clara por parte de la FAC. El comité habría ordenado la compra de otros dos drones, que no habían sido entregados hasta la fecha de la auditoría, sin tener claridad sobre los riesgos en la Zeii en la que ocurrió el incidente.
"Para la Contraloría, la situación descrita evidencia un riesgo inminente de pérdida de recursos, sin satisfacer la necesidad para la cual se hizo la contratación, y afectación al interés general, por cuanto se comprometieron más de $38.000 millones sin lograr resultados concretos, mientras persisten fallas técnicas, administrativas y de supervisión", señaló.