La Contraloría detectó hallazgos fiscales por $9.666 millones en entrega de subsidios
El ente evidenció que la estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura presenta falencias en su procedimiento de supervisión
25 de febrero de 2026Contenido
Por medio de un comunicado de prensa,u la Contraloría General de la República informó que, a través de su delegada para el Sector Agropecuario, realizó aditoría de cumplimiento al Banco Agrario de Colombia y el Ministerio de Agricultura, sobre la entrega de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social Rural - VISR en los años 2000 a 2019, donde determinó hallazgos fiscales por $9.666 millones.
El 29 de diciembre de 2023, el Ministerio y Fiduagraria realizaron modificaciones a los contratos fiduciarios mercantiles No. 20180472 y No. 20190418, mediante las cuales se redujo el alcance, quedando a cargo de Fiduagraria la materialización de 6.445 subsidios. Dichos contratos cuentan con prórroga de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025.
Adicionalmente, en 2024 se generaron varios aplazamientos y una reducción presupuestal, medidas que han generado dificultades que afectan el cumplimiento del cierre del programa, razón por la cual los más de 10 mil subsidios aún no cuentan con cierre financiero.
La entidad otorgante de los subsidios de vivienda de interés social rural para las vigencias 2000 a 2017 fue el Banco Agrario de Colombia, y para las vigencias 2018 y 2019 fue el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se se identificó que durante la vigencia 2022 se expidieron 670 resoluciones de otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural y prioritario, correspondientes a rezagos de las vigencias 2018 y 2019, emitidas en cumplimiento de sentencias de los Juzgados Especializados de Restitución de Tierras.
Finalmente, la Contraloría General evidenció que la estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura presenta falencias en su procedimiento de supervisión, lo que generó 14 hallazgos administrativos, de los cuales nueve tienen connotación fiscal por cuantía de $9.666.802.217, seis con presunta connotación penal y 12 con presunta incidencia disciplinaria, que afectan el resarcimiento de los derechos fundamentales de los beneficiarios .