Contraloría entregó a la JEP casos fiscales relacionados con el conflicto
Los datos aportados permitirán establecer la participación de terceros
29 de agosto de 2018Contenido
El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el primer informe de colaboración con la entidad, una relación de los casos fiscales encontrados en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), en donde se desviaron 2.800 millones de pesos para financiar grupos armados ilegales entre 2007 y 2013.
El evento se desarrolló en la tarde de este miércoles en la sede del Tribunal de Justicia Transicional en Bogotá, en una ceremonia que contó con la presencia de la presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares.
El jefe de órgano de control destacó que la mayoría de los hallazgos fueron identificados en el municipio de Tumaco, más de 2 mil millones.
“Funcionarios públicos desviaron dineros del Sistema General de Participación y de Regalías, relacionados con temas de salud, medicamentos, ambulancias y centros médicos, además de saneamiento básico (agua potable) para financiar grupos armados ilegales, principalmente las FARC”, expresó el Contralor.
Entre tanto, la magistrada Linares aseguró que los datos aportados permitirán establecer la participación de terceros en el conflicto armado.
“Vamos a analizar de manera exhaustiva el contenido de estos informes para armar unos casos muy orientados para identificar a los máximos responsables de delitos y proceder de conformidad con la competencia de cada sala de la jurisdicción”, destacó Linares.
Por su parte, Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, aseguró que tal información será importante para desarrollar el caso 002 del tribunal de Justicia Transicional, el cual se concentra en los delitos cometidos durante el conflicto armado en este sector de Nariño.
“Esta información es un insumo indispensable para entender las dinámicas del conflicto, para comprender el afán de los grupos armados para controlar las rentas públicas. El potencial de estos datos permitirá identificar cómo el conflicto armado afectó la vida de la población en estos municipios, en donde se desviaron recursos para financiar grupos ilegales”, destacó la magistrada.