Estos son los 28 nombres de los imputados por responsabilidad fiscal de Hidroituango

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A poco más de un año de que se publicara el auto con el que se empezó el proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría reveló quiénes serán imputados por el caso. La entidad imputó a 28 personas naturales y jurídicas y archivó la investigación de otros seis.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, recordó que en el marco de este proceso, que se originó por una solicitud de actuación especial en febrero de 2019, se han analizado más de dos teras de información, y que la investigación, por la que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal el 14 de noviembre del año pasado, arroja que hay presuntos responsables fiscales, que contarán con todas las debidas garantías para su defensa.

Para la entidad, las fallas de Hidroituango son el resultado de una cadenas de errores, desde el diseño hasta su ejecución, con tres graves consecuencias: El incumplimiento del objetivo principal del proyecto, que es generar energía, lo que generó un lucro cesante de $1,1 billones; el desmesurado aumento de los costos del proyecto, que terminó costando cerca de $13 billones con un daño fiscal de $2,9 billones; y la grave contingencia de 2018, que amenazó con causar una calamidad pública.

En total, la CGR calculó el lucro cesante en $1,1 billones y la destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados en $2,9 billones, para un total de $4 billones.

Por su parte el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, explicó que en el grupo de 28 de imputados hay cuatro grandes grupos: los miembros de la junta directiva de Hidroituango, los gerentes de EPM y la sociedad Hidroituango, los contratistas encargados de las construcciones e interventoría, y los alcaldes y gobernadores.

"Dentro de este último grupo hay que distinguir entre quienes solo eran alcaldes o gobernadores, y quienes además de ese cargo ostentaban el de miembros de junta directiva de Hidroituango", dijo.

Además, que en esta etapa procesal los contratistas imputados, como los funcionarios electos, no tienen impedimentos para ejercer o contratar, y que esperan que el fallo definitivo salga en un año y medio.

Los imputados como presuntos responsables: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.

Además, los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

También fueron imputados los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consorcio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

Personas a las que se le archiva
En cambio, se le archiva la investigación al exgerente de EPM Jorge Londoño De La Cuesta, quien no obró con culpa grave; y a Jesús Alfonso Jaramillo, Secretario privado del Departamento de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo quien tampoco actuó sin culpa grave.

También se le archivó a Sebastián Álvarez, ferente de proyectos del Departamento de Antioquia; Wilson Chinchilla, funcionario de EMP; Hugo Mora, miembro de junta directiva que casi siempre fue suplente; y a la empresa Gestión y Auditoría Especializada.

En qué iba el proceso
Cabe recordar que la entidad abrió por esta emergencia un proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, y estimó que el daño fiscal sería de $4 billones. Desagregados, $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones por lucro cesante.

“No hemos dado margen alguno a la improvisación e, incluso, nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos”, dijo Córdoba en entrevista con LR sobre la investigación, y agregó que “si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones”.

Qué significa la imputación
Vale la pena anotar que la imputación no equivale a decir que los presuntos responsables son culpables. Esto, porque la responsabilidad fiscal está integrada por una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal. En esta etapa del proceso deberán probarse los tres elementos, luego de lo cual la entidad procederá a expedir un fallo condenatorio o absolutorio.

"Estas personas entran a una etapa más robusta de investigación, probatoria, que permite seguir investigando más a fondo, pero en garantía del debido proceso de los imputados, hasta determinar las responsabilidades a que haya lugar", explicó Hembert Suárez Lozano, abogado de energía y gas de OGE Legal Services.

Las reacciones
Después de conocerse la noticia de que la Contraloría imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas, el actual alcalde de Medellín Daniel Quintero dijo a través de sus redes sociales que citó a una junta extraordinaria de EPM para poder evaluar lo acontecido.

Otros entes de control

Vale la pena anotar que el de la Contraloría es solamente uno de los capítulos abiertos por la emergencia de Hidroituango.

En agosto se desató una tormenta cuando EPM interpuso una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría contra los consorcios involucrados en la construcción, por $9,9 billones. En su momento se anunciaron las fechas de la audiencia, sin embargo, esta ha venido dilatándose y todavía no se celebra, lo que ha generado alertas en el sector, en especial, de la veeduría TodosxMedellín.

Más allá de la conciliación, la Procuraduría también tiene abierta una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de esta”.

La investigación se reanudó el pasado 8 de septiembre con la práctica de nuevas pruebas. La indagación vincula a 25 personas, entre los que destacan, además de varios nombres comunes del proceso de la Contraloría que hoy concluye: dos directores de la Anla y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.