Controversias jurídicas y déficit fiscal, los retos para reactivar la infraestructura en el país
Los participantes del panel plantearon la necesidad de fortalecer los acuerdos directos, mejorar la estructuración de los proyectos y generar garantías para los financiadores, en medio de las obligaciones que enfrenta el Estado por los contratos de concesión
13 de noviembre de 2026Contenido
La reactivación de la infraestructura en Colombia no depende únicamente de la disponibilidad de nuevos recursos para ejecutar obras. También enfrenta desafíos relacionados con la gestión contractual, las controversias entre el Estado y los concesionarios y la confianza de los financiadores. Estos fueron algunos de los puntos centrales del panel "Los retos jurídicos para la reactivación de la infraestructura", realizado durante el 24° Congreso de Derecho Financiero de Asobancaria.
En la conversación participaron Juan Carlos Quiñones, vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Nancy López, vicepresidente jurídica de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, y Mateo Mendoza, socio de Mendoza. El espacio fue moderado por Ricardo Lara, director para la Región Andina de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Durante el encuentro, los panelistas coincidieron en que Colombia cuenta con un modelo de concesiones que ha evolucionado durante las últimas décadas, especialmente con la implementación de los programas de cuarta y quinta generación, 4G y 5G. Sin embargo, señalaron que el desafío actual está en mantener las condiciones que han permitido atraer inversión privada y resolver los obstáculos que todavía retrasan la ejecución de los proyectos.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la situación fiscal del país y sus efectos sobre la financiación de las obras. Mateo Mendoza advirtió sobre las obligaciones que podrían acumularse por las controversias contractuales y los mecanismos de compensación contemplados en los contratos de concesión. Según explicó, entre 2027 y 2030 se esperan diferencias de recaudo que podrían representar entre $12 billones y $15 billones adicionales. Al sumar estos valores a las pretensiones de las demandas contra el Estado, estimó que el posible impacto podría acercarse a $35 billones.
Este panorama, explicó, representa un desafío para la estructuración de nuevos proyectos, pues los inversionistas evalúan no solo la viabilidad de las obras, sino también la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones contractuales.
Por su parte, Nancy López señaló que uno de los principales aspectos que observan los financiadores está relacionado con la disponibilidad de permisos, licencias ambientales y gestión predial. Aunque reconoció avances normativos y operativos en estos procesos, advirtió que las controversias ambientales y los retrasos en la obtención de autorizaciones pueden impedir el cierre financiero y los desembolsos de los proyectos.
La vicepresidente jurídica de la FDN también se refirió a los efectos que tienen las decisiones arbitrales sobre la confianza de los bancos. Cuando una controversia termina anticipadamente un contrato de concesión, los financiadores pueden pasar de depender de los flujos previstos del proyecto a esperar el pago de una obligación estatal, lo que genera incertidumbre sobre la recuperación de los recursos.
Frente a este escenario, Juan Carlos Quiñones planteó que una de las alternativas para destrabar los proyectos es fortalecer los acuerdos directos entre las entidades públicas y los concesionarios. Como ejemplo, mencionó experiencias en las que participaron la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría General de la República para encontrar soluciones a diferencias contractuales sin prolongar los litigios.
También propuso profundizar en mecanismos de prevención de controversias, como los paneles de expertos y las juntas de resolución de disputas, que permiten identificar y atender diferencias técnicas durante la ejecución de las obras antes de que lleguen a instancias arbitrales o judiciales.
Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de revisar las condiciones legales para ampliar las inversiones en infraestructura. Entre las propuestas expuestas estuvo modificar los límites de adición y prórroga de los contratos de concesión, actualmente sujetos a restricciones legales, para aprovechar la capacidad instalada y la experiencia de los operadores privados en nuevos proyectos.
Asimismo, se planteó la posibilidad de facilitar la participación privada en infraestructura social, especialmente en proyectos hospitalarios, educativos y penitenciarios, mediante ajustes a las condiciones de las asociaciones público-privadas.
Al cierre, los panelistas insistieron en que la reactivación del sector requiere soluciones jurídicas y financieras que permitan atender las obligaciones pendientes, mejorar la gestión de los contratos y recuperar la confianza de los bancos y los inversionistas. El reto, señalaron, será convertir los mecanismos existentes en herramientas efectivas para evitar que las controversias sigan frenando el desarrollo de nuevos proyectos.