Convención de Ottawa aprueba prórroga a Colombia para eliminación de minas antipersonales
El país fue considerado como uno de los más afectados a nivel mundial por accidentes con minas antipersonales con 715 municipios contaminados
20 de noviembre de 2020Contenido
La Convención de Ottawa aprobó el viernes una prórroga de más de cuatro años a Colombia para la remoción y eliminación de las minas terrestres antipersonales en todo el país, anunció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La extensión, solicitada por Colombia esta semana, tendrá un plazo de cuatro años y 10 meses, entre el primero de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.
El país sudamericano fue considerado como uno de los más afectados a nivel mundial por accidentes con minas antipersonales, con 715 municipios contaminados, más de la mitad de los 1.122, aunque 407 ya fueron declarados libres.
"El gobierno del presidente de la República, Iván Duque, continuará exigiendo a los grupos armados ilegales que cesen su acción criminal de instalar minas antipersonal en el territorio nacional", dijo en un comunicado el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
Colombia, que junto con otros 163 países hace parte de la Convención de Ottawa sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, tenía inicialmente como meta eliminar de todo su territorio estos artefactos el próximo primero de marzo.
Las minas, usadas por la guerrilla y las bandas criminales para evitar el avance de las Fuerzas Armadas, han dejado 2.320 muertos y 9.615 heridos desde 1990, según estadísticas oficiales.
Un acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, permitió acelerar las labores de desminado de brigadas militares y organizaciones civiles en zonas selváticas y montañosas del país.
Pero de acuerdo con organizaciones no gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que ocuparon las zonas desalojadas por las FARC tras el acuerdo de paz están usando estas armas para ganar control territorial y atemorizar a los civiles.