Juez declaró inocente a José Ricardo Caballero, exdirectivo de Universidad San Martín
El alto tribunal profirió a su favor, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, y lo absolvió del delito de estafa agravada
12 de septiembre de 2025Contenido
El Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en noviembre de 2024, profirió sentencia absolutoria a favor de José Ricardo Caballero Calderón, exrepresentante legal de la Universidad San Martín, y lo declaró inocente del delito de estafa agravada en la modalidad de masa, dentro del caso que se adelantaba por presuntas irregularidades al interior de la institución en 2002.
En la decisión, el juez también decretó la prescripción y ordenó archivar las diligencias en su contra por los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, falsedad material en documento, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Luego, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá emitió fallo en segunda instancia y confirmo la sentencia dictada por el juzgado de Bogotá. También ordenó "compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que se investigue la conducta de los jueces y fiscales que conocieron de este asunto, y que generó la prescripción de casi la totalidad de los delitos imputados", según se lee en el documento.
Esto quiere decir que, a día de hoy, Caballero Calderón está completamente absuelto de las acusaciones que la Fiscalía, en su momento, levantó en su contra; pues no se encontraron pruebas suficientes para comprobar que cometió los delitos señalados.
Contexto
El evento tuvo sus inicios en 2015, año en el que Caballero Calderón; Mariano Antonio Alvear Sofán, fundador y presidente de la universidad; y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía y acusados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada y fraude a resolución judicial.
Las irregularidades por las que la Fiscalía solicitó la audiencia de control e inició el caso se relacionaron con unas demandas laborales y procesos coactivos impuestos contra la fundación por el no pago de impuestos, que presuntamente derivó en millonarios embargos.