Corte revive regulación sobre distancias entre farmacias y protege derecho a la salud
La decisión obliga a restablecer las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social en la regulación geográfica de las farmacias
25 de noviembre de 2024Contenido
En una decisión que refuerza la función social de las farmacias en Colombia, la Corte Constitucional restituyó una norma que había sido derogada y que establecía distancias mínimas entre estos establecimientos. El alto tribunal consideró que la eliminación de esta regulación afectaba la accesibilidad y disponibilidad de medicamentos, fundamentales para garantizar el derecho a la salud.
La Sala Plena de la Corte concluyó que la norma derogada atribuía competencias específicas al Ministerio de Salud, pero al eliminarse no se cumplió con el propósito de combatir la corrupción administrativa ni con mejorar la eficacia de la gestión pública, objetivos que debía perseguir la ley habilitante.
Según el comunicado de la Corte, "la supresión de la competencia del Ministerio de Salud no se inscribe dentro del fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción".
Además, el tribunal señaló que la regulación de las distancias entre farmacias tenía finalidades claras, como garantizar la racionalización geográfica de estos establecimientos en beneficio de las comunidades.
En este sentido, la derogación de la norma fue considerada como un desbordamiento del marco temático por parte del legislador extraordinario, al intervenir en competencias destinadas a proteger derechos fundamentales.
La Corte también destacó que el presidente de la República, aunque tiene facultades amplias para eliminar trámites innecesarios, no puede suprimir regulaciones esenciales que protejan derechos humanos, como el acceso equitativo a los medicamentos. Según el alto tribunal, la eliminación de esta regulación impactó de manera irrazonable y desproporcionada el acceso a los servicios de salud.
En su fallo, la Corte hizo un llamado al Estado para que se abstenga de adoptar medidas que perjudiquen el goce efectivo del derecho a la salud. La decisión obliga a restablecer las competencias del Ministerio de Salud en la regulación de las farmacias, fortaleciendo la garantía de disponibilidad y accesibilidad de medicamentos en el país.