Judicial

Corte Suprema de Justicia decidirá sobre capturas a políticos relacionados al caso Ungrd

Colprensa

La decisión se marca en medio de un proceso que ya suma imputaciones a exministros y altos funcionarios por desvío de recursos

02 de marzo de 2026

Isabella Rodríguez Ángel

Canal de noticias de Asuntos Legales

Contenido

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene programada para este miércoles una sesión clave para definir la situación jurídica de los congresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, por su presunta participación en el caso de corrupción de la Ungrd.

La decisión ocurre a pocos días de la jornada de elecciones parlamentarias en el país. El magistrado ponente, Misael Rodríguez, ha radicado una propuesta que solicita llamar a juicio a los implicados e imponer una medida de aseguramiento consistente en captura. La ponencia argumenta que la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de una posible obstrucción a la justicia justifican la privación de la libertad mientras avanza el proceso.

Esta determinación se encontraba pendiente desde la semana anterior, tras una suspensión motivada por la ausencia de los magistrados Reyes y Farfán. Con la sala plena debidamente conformada, el alto tribunal busca evacuar el análisis de las pruebas recaudadas sobre el presunto direccionamiento de contratos estatales y el desvío de recursos públicos.

El expediente se enmarca en la investigación por irregularidades dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación señalan la adjudicación ilícita de contratos de suministros, tales como carrotanques y plantas desalinizadoras, que habrían sido utilizados para el pago de sobornos a diversos actores políticos.

El proceso judicial ha derivado en imputaciones contra altos exfuncionarios de la administración central, incluyendo a los exministros de Hacienda e Interior.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar la responsabilidad penal de los legisladores señalados en este entramado de contratación pública.